Alonso Quijano
La Casa Blanca anunció este sábado la imposición de aranceles del 25 % a todas las mercancías mexicanas y canadienses, así como un 10 % a los productos chinos, bajo el argumento de una “situación de emergencia” vinculada a la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo. El gobierno de Canadá respondió con aranceles proporcionales a los de EE.UU., mientras que México rechazó las acusaciones de la Casa Blanca, que señaló una “alianza intolerable con los cárteles del narcotráfico”. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el señalamiento como una “calumnia” y acusó a Estados Unidos de facilitar el tráfico de armas hacia el crimen organizado, además de no frenar la distribución interna de fentanilo.
Es importante destacar que, en su comunicado, la Casa Blanca utilizó el caso de Genaro García Luna como el principal ejemplo de la infiltración del narcotráfico en el gobierno mexicano. El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón fue condenado en EE.UU. por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que ha sido utilizado por Washington como evidencia histórica de la corrupción en México.
Trump ha utilizado argumentos contradictorios para justificar los aranceles, pasando de un discurso sobre el déficit comercial a relacionarlo con el narcotráfico. Sin embargo, si la prioridad fuera realmente la lucha contra las drogas, la DEA se enfocaría en desmantelar las redes de distribución dentro de EE.UU., en lugar de centrar sus redadas en inmigrantes. Más allá del impacto inmediato en México y Canadá, el trasfondo de la estrategia de Trump es contener la influencia china en América del Norte y bloquear su inversión en tecnología dentro de México, lo que percibe como una amenaza económica y geopolítica.
El impacto económico de estos aranceles será significativo. México, cuyo 80 % de exportaciones van a EE.UU., enfrentará problemas en sectores clave como el petróleo, los semiconductores, los automóviles y los electrodomésticos. La crisis arancelaria también amenaza el futuro del T-MEC, cuya renegociación, prevista para 2026, podría adelantarse e incluso cancelarse en favor de acuerdos bilaterales. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha anunciado que responderá con medidas arancelarias y no arancelarias, al tiempo que Sheinbaum ha propuesto establecer una mesa de trabajo con EE.UU. para abordar las preocupaciones de seguridad y salud pública sin llegar a una confrontación total.
