Jorge Montejo
En Hidalgo, los medios de comunicación más conocidos aseguran que la publicidad gubernamental no compromete su línea editorial. Sin embargo, la realidad detrás de los contratos millonarios firmados entre el Gobierno estatal y ciertos medios pone en entredicho esa afirmación. Detrás de las notas y reportajes que supuestamente informan de manera imparcial a la ciudadanía, existe un flujo de dinero público que financia publicaciones alineadas con los intereses del poder en turno. Lo más grave: esa información nunca se presenta como pagada, engañando al público y violando principios básicos de transparencia.
Uno de los casos más claros es el del portal Quadratín Hidalgo, cuyo representante es Francisco García Davish (nos dirigimos al dueño del circo y no a los payasos), quien ha sido beneficiado con múltiples contratos directos por parte del Gobierno de Hidalgo. A pesar de que la administración actual se presenta como un referente de la “Cuarta Transformación”, su relación con los medios sigue los mismos patrones que en los tiempos del PRI: millones de pesos destinados a mantener el control del discurso público y a golpear adversarios políticos.
De acuerdo con la información pública consistente en el contrato CONTRATO-DIG-375/024, firmado por Francisco García Davish y el entonces Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Hidalgo, Eduardo Iturbe Méndez, Quadratín Hidalgo recibió 1,450,000 pesos por un servicio de “difusión de información gubernamental” durante un breve periodo: del 16 de abril al 31 de mayo de 2024. El contrato fue otorgado por adjudicación directa, sin licitación ni proceso competitivo alguno.
¿De qué manera un contrato por esa cantidad puede no influir en la línea editorial de un medio? La respuesta es evidente: la dependencia económica crea una relación de subordinación. Los medios no cuestionan al gobierno que los financia. No critican. No investigan. Solo replican las versiones oficiales.
El principal problema radica en que Quadratín Hidalgo nunca señala qué información es pagada por el gobierno y cuál es independiente, presentando toda la información de la misma manera. Esto significa que el lector no tiene manera de saber si una nota es producto de una investigación periodística o si es parte de una campaña financiada con recursos públicos.
Esto no es solo una falta ética. Es un acto de engaño al público. La publicidad gubernamental debe estar claramente identificada como tal.
Ciudadanos preocupados por la problemática se acercaron al gobierno y exigieron al inicio del sexenio que las publicaciones pagadas no incluyan una leyenda que indique que se trata de información patrocinada por recursos públicos, algo que sería coherente con los principios de transparencia de un gobierno de la 4T. Sin embargo, las autoridades estatales a cargo de Iturbe ignoraron esa petición.
Quadratín Hidalgo no es el único medio que se beneficia de la publicidad gubernamental, pero su caso es significativo por la continuidad en su postura sumisa hacia el poder en turno. En épocas pasadas, Quadratín fue uno de los medios que más aplaudía los logros del PRI y de Osorio Chong. Ahora, bajo un gobierno de Morena, su discurso sigue siendo de apoyo acrítico, sin cuestionar los errores, abusos o contradicciones de las autoridades estatales, pero si atacando a los críticos del gobierno.
Lo que debería ser un medio de contrapeso se ha convertido en un vocero más del poder. Y todo ello gracias a los contratos millonarios de publicidad que provienen del dinero de los contribuyentes.
El gasto en publicidad gubernamental es uno de los temas más cuestionados por la ciudadanía. En lugar de destinar millones a medios alineados con el gobierno, ese dinero debería invertirse en atender las verdaderas necesidades de la población: reparar calles, mejorar el drenaje, fortalecer los servicios de salud y educación.
Sin embargo, en Hidalgo, los recursos públicos continúan canalizándose hacia los medios que se encargan de construir una narrativa favorable para quienes ocupan el poder.
El contrato firmado por Francisco García Davish es solo uno de los muchos que hemos encontrado. A lo largo de las próximas semanas, iremos publicando más contratos para evidenciar cómo se usa el dinero público para garantizar un control mediático.
Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gastan sus impuestos y quiénes se benefician de ellos. La transparencia no es un favor que los gobiernos deben hacer, es una obligación legal y ética. Y los medios que se presentan como independientes también tienen la responsabilidad de ser claros con su audiencia sobre el origen de los recursos que financian sus publicaciones.
Quadratín Hidalgo no es el único medio que se beneficia de la publicidad gubernamental, pero su caso es significativo por la continuidad en su postura sumisa hacia el poder en turno. En épocas pasadas, Quadratín fue uno de los medios que más aplaudía los logros del PRI y de Osorio Chong. Ahora, bajo un gobierno de Morena, su discurso sigue siendo de apoyo acrítico, sin cuestionar los errores, abusos o contradicciones de las autoridades estatales, pero si atacando a los críticos del gobierno.
Lo que debería ser un medio de contrapeso se ha convertido en un vocero más del poder. Y todo ello gracias a los contratos millonarios de publicidad que provienen del dinero de los contribuyentes.
El gasto en publicidad gubernamental es uno de los temas más cuestionados por la ciudadanía. En lugar de destinar millones a medios alineados con el gobierno, ese dinero debería invertirse en atender las verdaderas necesidades de la población: reparar calles, mejorar el drenaje, fortalecer los servicios de salud y educación.
Sin embargo, en Hidalgo, los recursos públicos continúan canalizándose hacia los medios que se encargan de construir una narrativa favorable para quienes ocupan el poder.
El contrato firmado por Francisco García Davish es solo uno de los muchos que hemos encontrado. A lo largo de las próximas semanas, iremos publicando más contratos para evidenciar cómo se usa el dinero público para garantizar un control mediático.
Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gastan sus impuestos y quiénes se benefician de ellos. La transparencia no es un favor que los gobiernos deben hacer, es una obligación legal y ética. Y los medios que se presentan como independientes también tienen la responsabilidad de ser claros con su audiencia sobre el origen de los recursos que financian sus publicaciones.
Hidalgo merece un periodismo libre y honesto. Lo que tenemos hoy es, en muchos casos, un periodismo vendido al mejor postor.
La pregunta sigue en el aire: ¿Cuándo empezarán los medios a ponerle nombre a lo que en realidad hacen? Propaganda disfrazada de información.
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Se reitera que este medio, por medio de su representante y como ente jurídico autónomo e independiente no ha firmado contratos con el gobierno desde su creación, pertenecemos a la gente, a la iniciativa privada, a diferencia de un medio que recibe recursos públicos. Mantener esa independencia es el verdadero chiste de un medio independiente.
