Julio Gálvez
La sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, emitida en 2022 por la Suprema Corte de Estados Unidos, marcó un giro histórico en el tema del aborto al revocar el precedente establecido por Roe v. Wade en 1973. Esta decisión eliminó las protecciones constitucionales al derecho al aborto a nivel federal, devolviendo a los estados la facultad de legislar sobre el tema. Como resultado, varios estados implementaron prohibiciones estrictas o totales, generando un mosaico legal donde los derechos reproductivos varían drásticamente según la región. La sentencia fue celebrada por grupos antiaborto, pero también provocó un fuerte rechazo de quienes la ven como un retroceso en los derechos de las mujeres.
En la sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, uno de los puntos clave del debate fue el reconocimiento del feto como un ser autónomo e independiente del cuerpo de la mujer. Los argumentos que sustentaron esta posición defendían que, desde el momento de la concepción, el feto tiene una existencia separada con derechos que deben ser protegidos, incluyendo el derecho a la vida. Esta perspectiva se utilizó para contradecir la idea de que el aborto es exclusivamente una cuestión de autonomía corporal de la mujer, postulando en cambio que el Estado tiene un interés legítimo en proteger al feto como una entidad con dignidad y derechos propios, lo que justificó las restricciones impuestas por los estados tras la anulación de Roe v. Wade.
En respuesta, han surgido nuevos argumentos en contra de esta sentencia, que equiparan la prohibición del aborto con una forma moderna de esclavitud.
Desde esta perspectiva, la profesora Michele Goodwin de la Universidad de California en Irvine, ha argumentado que negar a una mujer la posibilidad de interrumpir su embarazo equivale a someterla a una condición de servidumbre forzada (esclavitud), al obligarla a continuar con un embarazo en contra de su voluntad. Estos razonamientos se basan en la idea de que, al ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres, el Estado las reduce a un rol de instrumentos reproductivos, negándoles la autonomía plena sobre sus propias vidas.
Este enfoque se fundamenta en principios constitucionales de libertad individual, argumentando que las leyes antiaborto violan derechos fundamentales como la autonomía corporal y el acceso a servicios médicos esenciales. Además, destacan que estas restricciones afectan desproporcionadamente a mujeres en situación de vulnerabilidad, perpetuando desigualdades estructurales y reforzando dinámicas de opresión. En este sentido, la comparación con la esclavitud subraya la pérdida de control sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres, lo cual, según estos críticos, establece una relación de dominación incompatible con los valores democráticos.
Estos nuevos argumentos han renovado el debate sobre la sentencia Dobbs, impulsando un cuestionamiento ético y legal más amplio. Para sus detractores, esta decisión no solo representa un retroceso en derechos reproductivos, sino que también refuerza un sistema que perpetúa la subordinación de las mujeres.
En este contexto, la discusión sobre el aborto en Estados Unidos se ha convertido en un terreno central para definir los límites entre moralidad colectiva y libertad individual, y la lucha por la autonomía de las mujeres sigue siendo uno de los debates más polarizados y relevantes del país.
