Julio Gálvez
Hidalgo enfrenta una crisis de justicia que exige reformas profundas, evidenciada por el caso de las niñas de Zimapán. A pesar de las declaraciones claras de las víctimas y pruebas que sustentaban las imputaciones, el Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó en dos ocasiones los autos de no vinculación a proceso contra los acusados, mientras que el poder judicial de la federación revocó dos veces esas actuaciones. Este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema judicial en donde existen jueces que se subordinan a otros intereses y no la legalidad.
La raíz de este problema, es histórico, se encuentra en el marco constitucional de Hidalgo. Según el artículo 94 de la Constitución Política del Estado, el gobernador tiene la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Este poder concentra en el Ejecutivo una influencia desproporcionada sobre el Poder Judicial, comprometiendo su autonomía y convirtiendo a los jueces en piezas funcionales al interés político. Además, la falta de autonomía presupuestaria del Poder Judicial refuerza esta subordinación, ya que el presupuesto es negociado directamente con el Ejecutivo, exponiendo a jueces y magistrados a presiones y manipulaciones de la delincuencia en los casos de las personas.
Un paso crucial hacia la independencia judicial es la creación de una Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia. Este órgano revisaría la constitucionalidad de los actos del gobierno estatal y municipal, asegurando que se ajusten a la Carta Magna local y a los derechos humanos. Actuaría como guardián de la legalidad, protegiendo a la ciudadanía de abusos de poder y resolviendo conflictos de competencia entre los poderes del estado. Este modelo no solo alinearía al sistema judicial con los principios democráticos, sino que también reforzaría el estado de derecho en Hidalgo.
Otra propuesta imprescindible es la implementación de jueces de proximidad, itinerantes en comunidades remotas. Estos jueces llevarían justicia a lugares donde actualmente no existe acceso a tribunales, resolviendo conflictos locales con rapidez y eficiencia. Su labor no solo mejoraría el acceso a la justicia, sino que también incrementaría la confianza ciudadana en el sistema judicial, particularmente en áreas marginadas.
La elección popular de jueces y magistrados del fuero común es otra medida que podría transformar el panorama judicial de Hidalgo. Este sistema garantizaría que los jueces respondieran directamente a la ciudadanía, reduciendo la influencia desde grupos ajenos al sistema judicial. Sin embargo, para evitar problemas de politización, como ha ocurrido en Bolivia (donde la delincuencia organizada es la que controla el sistema judicial), sería necesario diseñar un modelo híbrido que combine la meritocracia con la elección democrática. Por ejemplo, los aspirantes que se inscriban podrían ser seleccionados mediante exámenes rigurosos y supervisados por colegios de abogados antes de ser sometidos a votación.
También es necesario revisar las estructuras administrativas del Poder Judicial. La desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de dos órganos independientes —uno para la evaluación y promoción de jueces y otro para la sanción de los mismos— podría garantizar un sistema más transparente y eficiente. Esto incluiría la implementación de un ingreso único a la judicatura mediante exámenes competitivos, eliminando las influencias externas en el nombramiento y la carrera judicial.
En paralelo, es urgente dotar de autonomía a la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo. Aunque esta reforma fue aprobada hace cinco años, no ha sido implementada debido a la resistencia del Ejecutivo estatal, que prefiere mantener el control político sobre las investigaciones penales o por la falta de dinero, según argumentan. La autonomía de la Fiscalía garantizaría investigaciones imparciales y evitaría el uso del aparato de justicia para perseguir adversarios políticos.
El caso de las niñas de Zimapán expone con claridad las fallas de un sistema judicial que revictimiza a quienes busca proteger. La falta de perspectiva de género y la desestimación de las pruebas presentadas, como las declaraciones de las menores, muestran un desprecio por los derechos humanos y los principios de justicia. Es necesario que los jueces adopten criterios de valoración basados en los estándares internacionales, reconociendo la especial vulnerabilidad de las víctimas de violencia sexual y la naturaleza traumática de estos delitos.
Esta crisis judicial también debe ser reflexionada a la luz de los ideales de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su artículo 16 señala: “Toda sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución.” Bajo este principio, Hidalgo se enfrenta a una cruda realidad: sin un Poder Judicial verdaderamente independiente y sin una estructura que garantice los derechos fundamentales de sus ciudadanos, el estado carece de una Constitución efectiva en el sentido más amplio y democrático, e impera el autoritarismo.
El presente y el futuro de Hidalgo dependen de una reforma integral que restablezca la división de poderes, la transparencia y la justicia. Sin estos pilares, la entidad permanecerá atrapada en un sistema que perpetúa la impunidad y la desigualdad. El momento de actuar es ahora, con determinación y compromiso, para construir un Hidalgo verdaderamente justo y democrático.
