Jorge Montejo
En el estado de Hidalgo, el gobierno ha adoptado una estrategia clave para controlar la opinión pública: financiar a los medios de comunicación locales con recursos públicos a cambio de difundir información favorable al gobierno en turno. Esta práctica, lejos de fomentar una prensa libre y crítica, promueve un entorno mediático sometido a los intereses políticos.
Uno de los casos más relevantes es el contrato DIG-322/2024, firmado por la Coordinación General de Comunicación Gubernamental del gobierno de Hidalgo, a cargo de Eduardo Iturbe Méndez, con EA Noticias, representado por Emmanuel Ameth (que se hace pasar de izquierda cuando cobra con la derecha). Según este documento, el gobierno pagó 348 mil pesos por un servicio de difusión de información gubernamental durante los meses de abril y mayo de 2024.
El contrato establece que EA Noticias debía difundir información que promoviera la imagen del gobierno estatal a través de su página web y redes sociales. Este acuerdo se realizó mediante adjudicación directa, es decir, sin pasar por un proceso competitivo que garantizara la transparencia.
Además, la presidencia municipal de Pachuca también destinó recursos a este mismo medio de comunicación, otorgando un contrato por 63,800 pesos, dividido en seis pagos mensuales de 11,600 pesos, para difundir información institucional del municipio.
Estos recursos, que deberían estar destinados a servicios públicos esenciales, son utilizados por el gobierno para influir en la percepción ciudadana y mantener el control político mediante medios afines. Esto va en línea con las teorías expuestas por el sociólogo Elías Canetti en su obra Masa y Poder, donde se describe cómo los gobiernos utilizan los medios de comunicación como un mecanismo de control sobre las masas.
¿Libertad de Prensa o Publicidad Gubernamental?
Lo preocupante es que estos contratos no son excepciones, sino una práctica recurrente en Hidalgo. Medios locales reciben pagos regulares del gobierno, lo que genera un sesgo evidente en su cobertura informativa. En lugar de investigar y denunciar posibles irregularidades, los medios financiados por el gobierno optan por destacar las acciones positivas de las administraciones en turno y minimizar los escándalos.
La manipulación mediática también tiene un impacto directo en la democracia local. Cuando los medios dependen económicamente del gobierno, su papel como vigilantes del poder queda comprometido. La crítica desaparece y, con ella, la posibilidad de que la ciudadanía esté informada de manera veraz y objetiva.
El Costo de la Opinión Pública Controlada
El dinero destinado a estos contratos proviene de los impuestos de los hidalguenses. 348 mil pesos bimestrales para un solo medio representan recursos que podrían haberse utilizado para comprar medicamentos, pavimentar calles o mejorar servicios públicos esenciales. Sin embargo, para el gobierno es más rentable invertir en controlar la narrativa mediática que en resolver los problemas de la ciudadanía.
Esta estrategia de “capitalismo de amigos” en los medios convierte a la prensa en un instrumento de propaganda gubernamental, cerrando el paso a la libre competencia y afectando la calidad del periodismo local.
En Hidalgo, la libertad de prensa parece ser un lujo que pocos medios pueden permitirse, mientras que los que optan por alinearse con el gobierno encuentran en los contratos públicos una fuente de ingresos segura.
La pregunta clave es: ¿hasta cuándo seguirá permitiéndose que el dinero público sea utilizado para manipular la opinión pública y limitar la democracia?
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PD. Hay otros medios que respetamos, que siempre hemos criticado como el Sol de Hidalgo, el auténtico medio de derecha en Hidalgo (de hecho Nuevo Gráfico surge contra la información oficial), sería normal que recibieran publicidad por parte del gobierno, pero alguien que se hace pasar de izquierda para cobrar con la derecha?
