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Ricardo Montoya.
Plexival, SA de CV; Trans Nau, SA de CV; Asesorías Profesionales Eicer SA de CV; K&C Consulting, SA de CV y Expertos en Asesoría Empresarial ,SA de CV son las empresas supuestamente "fantasmas" que de acuerdo a Miguel Eduardo Borrell, quien fungió cómo director jurídico de Cruz Azul, usaba Guillermo Héctor "Billy" Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa, su hermano José Alfredo Álvarez así cómo sus asesores Víctor Manuel Garcés Rojo,y Ángel Martín Junquera Sepúlveda para desviar recursos de la empresa.
Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, quien tuvo el cargo de director jurídico de la cementera de 2012 a 2020 fue denunciado por los cooperativistas de ser copartícipe en actos de corrupción de "Billy" Álvarez por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal una órden de aprehensión en su contra.
Para tratar de evitar ser detenido mediante el "criterio de oportunidad",
a fines de 2020 Borrel hizo una declaración ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de operaciones con recursos de procedencia ilicita y de falsificación de moneda de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada de la FGR.
El "criterio de oportunidad" es decir, pedir al Ministerio Público aplicar su facultad para prescindir total o parcialmente de la acción penal que se inició en su contra, en particular,de una orden de aprehensión.
La declaración, cuya copia certificada obra en poder de Nuevo Gráfico, obra en la Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/311/2020
Relató que en su calidad como represente jurídico de la cooperativa, a finales de 2012 acudió a una reunión en las oficinas centrales de la cementera. Allí se encontraba Guillermo Héctor "Billy" Álvarez,en aquel tiempo Presidente del Consejo de Administración; su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas; y Víctor Manuel Garcés Rojo, quien había antecedido a Borrell como director jurídico de Cruz Azul.
En esa reunión, esos tres personajes le requirieron a Ángel Martín Junquera Sepúlveda que "los auxiliara para obtener recursos de la cooperativa sin que pudieran ser auditados o seguir el rastro del dinero para ocultar su origen y destino, pues dijeron que necesitaban dichos recursos para repartir a los socios por concepto de bonos, e incluso a diversas autoridades sin referir a alguna en específico".
Para ello, le ordenaron a Borrell seguir cualquier instrucción que le indicara Junquera.
Explicó que Martín Junquera y Víctor Manuel Garcés eran asesores de "Billy" Álvarez y que su hermano José Alfredo, el que a pesar de no estar en ningún cargo del organigrama de la cooperativa, "tenía poder de decisión y mando en las cuestiones de importancia" de la cementera.
Agregó que el mismo Guillermo Héctor Álvarez en una ocasión le reveló sobre un mecanismo que él, su hermano y Garcés idearon para "simular juicios para protegerse entre ellos cuando los socios cuestionaban su administración o toma de decisiones" sobre el manejo de los recursos de la empresa.
Entre las prácticas irregulares que se hacían para desviar dinero, estaba según Borell, la contratación de empresas proveedoras "fantasma" por "sugerencia o presión" de Víctor Manuel Garcés con ayuda de Ángel Martín Junquera.
Borrell aseguró que "de ésas empresas jamás vió un sólo entregable o la materialidad de los supuestos servicios prestados".
No obstante, subrayó que tanto Garcés como José Alfredo Álvarez Cuevas presionaban a las áreas jurídica y financiera para que se les pagara a "las empresas que había apadrinado Víctor Manuel Garcés".
Bajo este contexto, Martín Junquera era quien se encargaba de obtener la firma de los contratos de las empresas"fantasma".
Enfatizó que Guillermo Héctor "Billy" Álvarez tenía pleno conocimiento de las empresas"fachada" o "fantasmas", ya que al final él autorizaba que se les pagara y que incluso, firmaba las facturas.Hubo ocasiones en que "Billy" Álvarez ordenaba que se le diera prioridad al pago esas supuestas empresas, posponiendo el de legítimos proveedores y prestadores de servicios.
Agregó que en varias ocasiones, de abril de 2014 a agosto de 2018, él recibió diversas cantidades de dinero de manos de Ángel Martín Junquera"para ser entregadas directamente a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas ". Las entregas de esos recursos era en la casa de "Billy" Álvarez ubicada en Fuentes del Pedregal,de la Ciudad de México.
Contó que incluso a veces, el dinero lo recibía su empleada doméstica a la que Borrell identificó como "Toñita". En otras ocasiones se lo llevaba hasta sus oficinas ubicadas en el corporativo de Cruz Azul de la Ciudad de México.
Además del desvío del dinero, Guillermo "Billy" Álvarez, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés idearon la forma de armar acusaciones falsas contra sus opositores, a los que Borrell llamó como los "disidentes", entre ellos Víctor Manuel Velázquez, actual Presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul.
Relató que a mediados de 2017, Guillermo, José Alfredo y Víctor Manuel Garcés citaron a Federico Sarabia Pozo ( quien junto con un grupo de exsocios excluidos de la cooperativa tienen tomada por la fuerza la planta de Jasso, Tula, estado de Hidalgo) , Ramsés Dolores Anguiano y a Tomás Rivera Carrasco para planear una denuncia judicial en contra de los "disidentes".
Víctor Manuel Garcés convenció a los auditores de la cooperativa, de apellidos Apaez, Melchor, y Otero, para que realizaran un reporte falso de auditoría, en el que se señalaba de malos manejos a Víctor Manuel Velázquez y a otros cooperativistas que estaban a cargo de administrar el patrimonio de la empresa "Azúl Cerámica, SA de CV", subsidiaria de Cruz Azul encargada de la distribución de los productos elaborados por la empresa.
En base a ese dictamen amañado de la auditoría, Federico Sarabia, Anguiano y Carrasco presentaron una denuncia contra Víctor Manuel Velázquez y otros ante la Fiscalía Central para Delitos Financieros de la Ciudad de México,la cual inicio la Carpeta de Investigación FDF/TUI-1S/D/01142/11-2017 .
Dicha denuncia nunca avanzó al no haber pruebas en contra de Velázquez y de otros socios que ya desde ese entonces exigían cuentas claras a Guillermo "Billy" por los malos manejos que hacía de los recursos de Cruz Azúl.
Al final de su declaración, de 11 fojas, y las cuales tienen las firmas de Borell y su abogada Berenice Hernández Álvarez, Miguel Eduardo se comprometió a presentarse a las oficinas de la cementera, para hacer la entrega formal y material de su cargo de representante jurídico de la empresa para que dicho puesto fuera entregado a quién designara el consejo de administración, que había sustituido a "Billy" Álvarez, y a entregar 5 millones de pesos, en cheques de caja "cómo reparación del daño por las conductas en las que indirectamente participé pero que presencié durante años".
Todo lo anterior "en cuánto ya no tenga vigente la orden de aprehensión que fue librada en mi contra de los hechos que se investigan", en base a la solicitud que hizo al ministerio público de la aplicación del "criterio de oportunidad".
