Esto por la prolongación del conflicto por la toma ilegal de la planta por delincuentes protegidos por Olivares Reyna
Ricardo Montoya.
Por la necedad del secretario de gobierno de Hidalgo Guillermo Olivares Reyna de proteger a los invasores de la planta de Jasso, Tula de Cruz Azul, lo cual ha propiciado su inactividad desde 2022, a partir del 1 de febrero de este año, el legítimo Consejo de Administración de la Cooperativa encabezado por Víctor Manuel Velázquez se verá obligado a suspender el pago a 2 mil 812 trabajadores de esa fábrica.
La medida surge después de que un grupo vinculado a Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector del Consejo de Administración y profugo de la justicia tomara, junto con su compinche Federico Sarabia de manera ilegal las instalaciones de la planta de cemento, lo que impide que los empleados puedan acceder al lugar de trabajo y continuar con sus labores.
Este conflicto ha arrastrado a la Cruz Azul a una difícil situación financiera, obligando a tomar decisiones drásticas para poder continuar operando.
En una misiva enviada a diversos funcionarios públicos, incluida Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México así como al gobernador del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca, los Consejos de Administración y de Vigilancia de la cooperativa destacaron que, en los últimos años, la empresa ha desembolsado más de 3,000 millones de pesos para garantizar el pago a sus trabajadores de la planta de Tula, a pesar de la toma ilegal.
Esta acción, lejos de permitir la resolución del conflicto, ha incrementado las dificultades económicas de la cooperativa.
La carta también señala que la situación ha generado un deterioro considerable en la seguridad de la región, lo que ha agravado aún más las complicaciones de la empresa.
En la misiva enviada a Sheinbaum, se señala que las órdenes de aprehensión contra los responsables del quebranto y mal manejo de la cooperativa, entre ellos Federico Sarabia no han sido ejecutadas debido a la falta de colaboración del gobierno de Hidalgo para recuperar el control de la planta.
Esto ha alargado el conflicto y ha imposibilitado la resolución efectiva del mismo.
Los consejos de administración y vigilancia, presididos por Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, indicaron en su carta que la cooperativa genera más de 60 mil empleos directos e indirectos en el país, subrayando la importancia de recuperar la legalidad en la planta para evitar que la situación se siga extendiendo y afectando tanto a los empleados como a la economía nacional.
Si bien los 2 mil 812 socios de la planta de Tula no apoyan la toma ilegal de la factoría que Federico Sarabia y otros mantienen con grupos de choque, lo cierto es que por culpa de estos individuos, protegidos por Olivares Reyna, esa fábrica no produce y no genera recursos por lo que no es posible que se les siga pagando, cuando menos mientras se mantenga la toma de la misma.
En meses anteriores, los administradores legítimos de la Cruz Azul han señalado a Olivares Reyna de haberles propuesto entregar la planta a Tula a Federico Sarabia Pozo para crear otra empresa.
Esto pese a que diversos juzgados han emitido sentencias en la qué se ordena la restitución de la fábrica a la cooperativa.
Pero bajo diversos argumentos y pretextos, Guillermo Olivares se niega a enviar la fuerza pública por lo que se sospecha tiene un interés político personal.
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Lo anterior de conformidad con el siguiente comunicado:
