Jorge Montejo
En un golpe a la soberanía y la lucha contra el lavado de dinero en México, los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) han revocado repetidamente los bloqueos de cuentas realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Estas decisiones, basadas en la controvertida jurisprudencia “Medina Mora”, han permitido que recursos vinculados a presuntos delitos de alto impacto financiero sean liberados, debilitando las investigaciones nacionales y beneficiando a figuras acusadas de corrupción y crimen organizado.
Desde 2019 hasta los primeros meses del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, la UIF congeló 44 mil 148 millones de pesos del sistema financiero mexicano, pero fue obligada por resoluciones judiciales a liberar 37 mil 434 millones de pesos, el 84.8% del total congelado. Estas cifras, reportadas por una investigación de Milenio, revelan la magnitud de las pérdidas en los tribunales, que han favorecido a presuntos criminales en detrimento de los esfuerzos de México por combatir el lavado de dinero.
Entre los beneficiados destacan personajes como Kamel Nacif, acusado de tortura y pederastia, quien recuperó 800 millones de pesos; la Iglesia La Luz del Mundo, señalada por delitos sexuales de su líder Naasón Joaquín, que logró desbloquear nueve cuentas; y la familia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, vinculado al narcotráfico. Incluso el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, considerado prófugo, obtuvo resoluciones favorables para recuperar fondos congelados.
Adoptada en 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la jurisprudencia “Medina Mora” obliga a la UIF a depender de instituciones extranjeras para bloquear cuentas bancarias en México. Esto implica que las autoridades nacionales no pueden actuar de manera autónoma, lo que representa un golpe a la soberanía investigativa y judicial del país.
En noviembre pasado, la SCJN endureció aún más el proceso, permitiendo que los acusados obtengan amparos provisionales exprés para desbloquear cuentas sin demostrar la licitud de sus fondos. La UIF ha señalado que estas medidas fortalecen las estrategias de quienes buscan blindar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Aunque la UIF ha intentado impugnar estas resoluciones, el marco legal actual y las decisiones de los jueces han mermado significativamente su capacidad de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado. Este panorama deja en entredicho el equilibrio entre la protección legal de los ciudadanos y la necesidad de combatir delitos de alto impacto que afectan la economía y la seguridad del país.
