#Investigación | Jorge Montejo
El sistema notarial en Hidalgo enfrenta serias acusaciones de corrupción e influyentismo, con casos que evidencian el incumplimiento de los requisitos legales para ejercer como notarios públicos. Uno de los ejemplos más claros es el del licenciado Rodrigo Velázquez Villalobos, quien fue nombrado notario adscrito a la Notaría 8 de Tula, a cargo de su padre, Mario Pedro Velázquez Bárcena, actual director del Archivo General de Notarías del estado.
De acuerdo con el artículo 24, fracción VI, de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, los aspirantes a notarios deben contar con una experiencia profesional como licenciados en derecho de al menos cinco años posteriores a la expedición de su título.
Sin embargo, Rodrigo Velázquez obtuvo su título en 2019 y, pese a no cumplir con este requisito, recibió su patente como notario adscrito el 2 de mayo de 2022, avalada por el entonces gobernador Omar Fayad. Esto evidencia no solo una omisión de la ley, sino el uso del influyentismo para favorecer a ciertos personajes.
La situación se agrava al observar que Mario Pedro Velázquez Bárcena, al asumir el cargo de director del Archivo General de Notarías, renunció a su patente de notario para cederla a su hijo, consolidando un evidente conflicto de interés. Desde su posición como director, Velázquez Bárcena tendría la capacidad de beneficiar directamente a la Notaría 8 con la expedición preferente de folios notariales, dejando a otros notarios en desventaja y poniendo en entredicho la imparcialidad del registro estatal.
Este no es un caso aislado. Situaciones similares se repiten en la entidad, como en el caso de Edén Khadaffy Cornejo Gómez, notario público 16 de Tula de Allende e hijo de Luciano Cornejo, delegado de la Secretaría de Gobernación. Al igual que Rodrigo Velázquez, Cornejo Gómez no cumple con los años de experiencia profesional requeridos por la ley para ser fedatario público, pero aun así ejerce gracias a sus conexiones políticas.
No podemos olvidar también el caso del exdirector del Archivo de Notarías, quien asumió el cargo sin contar con el título de licenciado en derecho, el cual obtuvo posteriormente. Durante su gestión, instauró diversos procedimientos y se ostentó como licenciado, evidenciando el manejo de este órgano clave, que debería garantizar transparencia e imparcialidad, pero que se ha visto marcado por prácticas que atentan contra la legalidad.
La situación se agrava al observar que Mario Pedro Velázquez Bárcena, al asumir el cargo de director del Archivo General de Notarías, renunció a su patente de notario para cederla a su hijo, consolidando un evidente conflicto de interés. Desde su posición como director, Velázquez Bárcena tendría la capacidad de beneficiar directamente a la Notaría 8 con la expedición preferente de folios notariales, dejando a otros notarios en desventaja y poniendo en entredicho la imparcialidad del registro estatal.
Este no es un caso aislado. Situaciones similares se repiten en la entidad, como en el caso de Edén Khadaffy Cornejo Gómez, notario público 16 de Tula de Allende e hijo de Luciano Cornejo, delegado de la Secretaría de Gobernación. Al igual que Rodrigo Velázquez, Cornejo Gómez no cumple con los años de experiencia profesional requeridos por la ley para ser fedatario público, pero aun así ejerce gracias a sus conexiones políticas.
No podemos olvidar también el caso del exdirector del Archivo de Notarías, quien asumió el cargo sin contar con el título de licenciado en derecho, el cual obtuvo posteriormente. Durante su gestión, instauró diversos procedimientos y se ostentó como licenciado, evidenciando el manejo de este órgano clave, que debería garantizar transparencia e imparcialidad, pero que se ha visto marcado por prácticas que atentan contra la legalidad.
Estas irregularidades muestran cómo las notarías en Hidalgo han sido utilizadas como un botín político por el priismo, consolidando redes de poder que operan al margen de la ley. Mientras figuras privilegiadas se benefician, las investigaciones sobre estos casos son sistemáticamente obstaculizadas, dejando a los notarios ajenos a estos círculos de influencia enfrentando las consecuencias de una simulación institucional que protege a los grandes actores de la corrupción.
El caso de las notarías en Hidalgo no solo pone en evidencia el abuso de poder, sino también la urgencia de reformar un sistema que, lejos de garantizar justicia y transparencia, perpetúa prácticas ilegales en beneficio de unos cuantos.
