Por Julio Gálvez
En el complejo tablero político de Hidalgo, el lawfare se ha convertido en una herramienta clave para desviar la atención, proteger a los verdaderos responsables de desfalcos millonarios y manipular la narrativa pública. Este término, que describe el uso político de las instituciones judiciales para perseguir o desacreditar a adversarios, ha sido implementado con precisión quirúrgica tanto durante el sexenio de Omar Fayad como bajo el actual gobierno de Morena.
El lawfare bajo el manto de Fayad
Durante el sexenio de Omar Fayad, el lawfare se utilizó como un mecanismo de distracción. Casos como los desfalcos en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y Radio y Televisión de Hidalgo pusieron al descubierto un entramado de corrupción.
Sin embargo, en lugar de llevar ante la justicia a los verdaderos artífices de estos desfalcos, el sistema judicial se enfocó en políticos de menor relevancia, dejando intactos a personajes clave como el exgobernador Francisco Olvera. Estos chivos expiatorios se convirtieron en el sacrificio perfecto para proteger a los grandes intereses políticos, utilizando las instituciones de justicia como pantalla para perpetuar la impunidad.
El “activismo judicial” de Morena: una ironía política
El cambio de administración no significó un cambio de estrategia. El gobierno de Morena en Hidalgo implementó su propia versión de lawfare, ahora bajo la etiqueta de la llamada “Estafa Siniestra”. Aunque se prometió justicia, la operación se concentró nuevamente en perseguir a figuras políticas de bajo nivel, mientras los titulares de las dependencias involucradas y el exgobernador Fayad quedaban fuera del radar judicial.
Para muchos, el premio del exgobernador—una embajada en Noruega—no solo es una burla, sino la evidencia de un sistema que protege a las élites y utiliza la justicia como herramienta política.
Lawfare y activismo judicial: opuestos en esencia
Es esencial distinguir el lawfare del activismo judicial, conceptos que a menudo se confunden. Mientras el lawfare pervierte el sistema judicial para fines políticos, el activismo judicial busca garantizar la protección de los derechos humanos, generalmente en contextos donde los poderes ejecutivo o legislativo han fallado en garantizar justicia.
El activismo judicial es legítimo, impulsado por la defensa de los valores democráticos, como lo han reconocido organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El lawfare, en cambio, es la antítesis de la justicia. Es una táctica de manipulación que convierte al sistema judicial en un arma para perseguir opositores, proteger aliados y encubrir actos de corrupción.
Ejemplos como los de Hidalgo muestran cómo se pueden utilizar las instituciones legales no para buscar justicia, sino para consolidar el poder político y garantizar la impunidad de las élites.
El precio de estas prácticas
El uso indiscriminado del lawfare no solo afecta la confianza pública en el sistema judicial, sino que también daña los pilares de la democracia al distorsionar el propósito fundamental de las instituciones.
La independencia del poder judicial en Hidalgo es, en la práctica, una ilusión. Mientras los enemigos políticos son perseguidos bajo el pretexto de la legalidad, los crímenes reales quedan sin investigar o son deliberadamente ignorados.
Este patrón de manipulación no es exclusivo de un partido; es un problema sistémico que trasciende ideologías. La narrativa mediática construida alrededor de estos casos no solo distrae de los verdaderos responsables, sino que también perpetúa el ciclo de corrupción y encubrimiento que ha paralizado a Hidalgo durante décadas.
Un llamado a la ciudadanía
Frente a este panorama, la lucha contra el lawfare no puede quedar en manos de los mismos actores políticos que lo perpetúan. Es responsabilidad de una ciudadanía informada y crítica demandar transparencia, rendición de cuentas e independencia judicial.
Solo con un sistema legal imparcial, enfocado en la búsqueda real de justicia y no en intereses políticos, se podrá romper este ciclo de corrupción y manipulación.
El activismo judicial legítimo y el lawfare representan dos caras opuestas del uso del sistema judicial. Mientras uno busca fortalecer los derechos humanos, el otro los convierte en herramientas de control político. Reconocer esta diferencia y exigir que nuestras instituciones actúen con integridad es el primer paso hacia un cambio verdadero en Hidalgo y en todo México.
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Sobre el tema de activismo judicial, el suscriptor de este artículo ha tenido diversas publicaciones que se encuentran incluso en la biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no debe confundirse con el Lawfare. El primero busca la defensa de los derechos humanos y el segundo es un instrumento político donde la justicia se politiza:
https://bit.ly/3PbYXgf
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