Juez rechaza amparo de Federico Sarabia en su intento de apropiarse de Cruz Azul



Ricardo Montoya 

Pese a que Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno de Hidalgo, ha respaldado la ocupación ilegal de la planta de la cementera Cruz Azul ubicada en Jasso, Tula, encabezada por Federico Sarabia Pozo mediante un grupo de pistoleros y vagos, una jueza federal residente en Pachuca desechó la demanda interpuesta por este individuo para que se le reconociera como apoderado legal de la cooperativa.

En Hidalgo, una jueza federal desechó el amparo de Federico Sarabia con el que pretendía ser reconocido como apoderado legal de Cruz Azul.

Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Cuarto Federal de Distrito con sede en Pachuca, Hidalgo, desechó la demanda que interpuso Federico Sarabia Pozo, foliada con el número 1462/2024, al considerar que no pudo acreditar ser el presidente del Consejo de Administración, tal como presume.

De acuerdo con la resolución, Federico Sarabia, compinche del expresidente y excacique de la empresa Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, prófugo de la justicia y señalado por un multimillonario fraude, presentó ante la jueza una supuesta acta de toma de nota que, según él, lo acreditaba como presidente del Consejo de Administración.

Aunque aseguró ante la jueza que decía la verdad, el juzgado le notificó que su demanda no tenía justificación, ya que el acta de toma de nota que presentó no tiene validez.

“El acta en la cual fue nombrado como presidente de la cooperativa a quien aduce representar quedó sin efectos por mandamiento judicial, como consecuencia de la sentencia definitiva del 31 de marzo de 2022, dictada en el expediente 439/2020 del índice del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México”, señala la sentencia.

En otra parte de la resolución, se aclara que la nulidad de la asamblea realizada por presuntos cooperativistas el 26 de agosto de 2020, en la que fue supuestamente electo Sarabia Pozo, “así como de todos los actos y resoluciones adoptadas en la misma y actos ejecutados con base en dicha asamblea” quedaron sin efecto, según el fallo de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al resolver el toca de apelación 128/2021. 

La jueza dictaminó desechar la demanda promovida por Sarabia el 19 de noviembre pasado, misma que le fue notificada el día 27 del mismo mes.

Federico Sarabia tenía cinco días para impugnar dicha resolución y comprobar que era el supuesto presidente del Consejo de Administración, pero no lo hizo, por lo que la resolución quedó firme.

Tal como lo ha señalado en diversas ocasiones el equipo jurídico de Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul debidamente acreditado, en 2020 un grupo de excooperativistas de Tula simularon una supuesta asamblea plagada de vicios jurídicos en la que designaron a Federico Sarabia como presidente del Consejo de Administración.

Dicha designación fue impugnada por Velázquez, quien comprobó que dicha asamblea no cumplía con los requisitos que establece la ley para ser válida.

Pese a eso, Federico Sarabia se sigue ostentando como presidente de la cooperativa. Junto con otros excooperativistas, mantiene tomada desde 2020 la planta ubicada en el poblado de Jasso, del municipio de Tula, una de las más grandes de América Latina y que es insignia de la empresa Cruz Azul.

A pesar de que Sarabia no es presidente del Consejo de Administración, de manera misteriosa, Guillermo Olivares, secretario de Gobierno de Hidalgo, se ha negado a acatar las solicitudes de diversos juzgados que le han pedido el uso de la fuerza pública para desalojar la planta de Jasso y regresarla a la cooperativa.

Bajo el argumento de que, según el funcionario estatal, no hay ninguna resolución firme –lo cual, según el abogado Eugenio Olvera, representante en Hidalgo de la cooperativa, resulta falso–, Guillermo Olivares ha llegado al extremo de pedir a Víctor Manuel Velázquez, legítimo presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, que se siente a negociar con Sarabia y otros individuos para llegar a un acuerdo.

La respuesta de la cooperativa ha sido contundente, al aclarar a Olivares que no negociarán con delincuentes.

De acuerdo con Eugenio Olvera, lo que Sarabia y sus compinches buscan es que se les entregue la fábrica o, en su lugar, que el legítimo Consejo de Administración pague un “rescate” de siete mil millones de pesos, algo que no están dispuestos a aceptar.

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