Tras la salida de Eduardo Iturbe de Comunicación Social, en las cloacas del poder se comenta que el oficial mayor del gobierno de Hidalgo se ha convertido en el nuevo encargado de repartir el “chayote”. La sombra del grupo político de Omar Fayad sigue controlando los contratos millonarios con los medios.
#Opinión | Julio Gálvez
La construcción de una democracia plena en estados como Hidalgo depende en gran medida de la existencia de una opinión pública robusta, independiente y crítica. Giovanni Sartori, en su obra Opinión Pública y Democracia, plantea que la opinión pública no solo es un instrumento para expresar el sentir colectivo, sino también un mecanismo esencial para equilibrar el poder del Estado. Sin embargo, este equilibrio solo es posible cuando los ciudadanos ejercen plenamente su libertad de expresión, uno de los derechos humanos fundamentales.
En Hidalgo, la libertad de expresión ha permitido a los ciudadanos ganar un espacio de libertad frente al poder estatal en espacios como este donde no se le aplaude al gobierno. Históricamente, el periodismo independiente ha jugado un papel democratizador, dando voz a quienes han sido silenciados por el sistema.
La creación de una opinión pública libre depende de la capacidad de los ciudadanos para expresar sus ideas sin censura, un derecho colectivo que trasciende el ámbito individual y se convierte en una herramienta clave para construir sociedades democráticas. Sin embargo, esta labor se enfrenta constantemente a la manipulación de los medios de comunicación controlados por el gobierno, quienes, mediante contratos millonarios, buscan moldear las narrativas y limitar el acceso a la información veraz manipulando la mente de las personas
En Hidalgo, esta práctica de control mediático encuentra su rostro en el oficial mayor del gobierno estatal, quien después del despido de Iturbe, se ha convertido en el encargado de repartir el “chayote”, ese término popular para referirse a los pagos ocultos que buscan comprar la línea editorial de los medios. Curiosamente, este funcionario pertenece al grupo político del exgobernador Omar Fayad, y recibe instrucciones directas de su jefe político, Juan Carlos Martínez. Esto demuestra cómo la maquinaria mediática sigue al servicio de intereses políticos específicos, perpetuando un modelo que limita la democratización del estado.
La coordinación de comunicación social del actual gobierno de Hidalgo se encuentra bajo el control del grupo político de Fayad, con el coordinador desempeñándose anteriormente como director de El Universal Hidalgo, un periódico introducido al estado precisamente por Juan Carlos Martínez y el equipo de Fayad. Esto evidencia que los mecanismos de control no han desaparecido, sino que se han adaptado para operar bajo un nuevo disfraz, reforzando la narrativa gubernamental en detrimento de la transparencia y la independencia periodística.
Por ello, es imperativo que los contratos millonarios otorgados por el gobierno de Hidalgo a medios como los de Juan Carlos Martínez salgan a la luz pública. La democracia requiere de ciudadanos informados, capaces de cuestionar las acciones de sus gobernantes y de exigir rendición de cuentas. La opinión pública debe convertirse en un verdadero contrapeso al poder, y para ello es necesario desenmascarar estas prácticas que buscan perpetuar la manipulación mediática y coartar la libertad de expresión.
En última instancia, lograr una democracia sólida en Hidalgo pasa por fortalecer la libertad de expresión y promover un periodismo independiente que informe con objetividad y compromiso social. Solo así será posible construir una opinión pública capaz de desafiar las estructuras de poder y garantizar que la ciudadanía recupere su papel como protagonista en la vida democrática del estado.
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Próximamente publicaremos los contratos de Juan Carlos Martínez, ya tenemos una colección de ellos.
