#Investigación | Julio Gálvez
La crisis del agua en Hidalgo no solo expone una alarmante desigualdad social, sino que también deja al descubierto prácticas corruptas que priorizan los intereses empresariales sobre el bienestar de la población.
Pese a operar en una zona en crisis hídrica, las autoridades parecen más preocupadas por atraer inversiones que por garantizar el acceso equitativo al agua para la población, priorizando las políticas en favor del bolsillo de unos cuantos.
Time Ceramics: huachicol de agua e irregularidades laborales
El caso de Time Ceramics en Emiliano Zapata, Hidalgo, se ha convertido en un símbolo de las malas prácticas que rodean la gestión del agua en el estado. Durante un operativo la Fiscalía General de la República (FGR) y la Conagua, clausuraron en el pasado la construcción de la planta industrial de la empresa, donde se encontraron más de 130 personas indocumentadas de origen chino trabajando en condiciones precarias. Indocumentados que muchos de ellos aún no han resuelto su situación llego a en el país.
Además, agricultores locales habían denunciado previamente la reducción del servicio de agua en sus cultivos, lo que los llevó a descubrir dos pozos de extracción ilegales dentro de las instalaciones de Time Ceramics. Sin contar con una concesión para la extracción del líquido, la empresa extraía agua de manera clandestina, agravando la escasez para los agricultores de la región.
La conexión entre las irregularidades laborales, el “huachicol de agua” y las concesiones otorgadas de manera ilegal por el gobierno estatal demuestra un patrón alarmante de complicidad entre las autoridades y los corporativos extranjeros. Este caso, más allá de ser un escándalo aislado, evidencia la vulnerabilidad de los recursos naturales frente a la corrupción institucional.
El impacto social: un contraste grotesco
Mientras estas empresas acaparan millones de metros cúbicos de agua para uso industrial, las familias hidalguenses y los agricultores locales lidian con un suministro inconstante o nulo.
La crisis del agua en Hidalgo no solo expone una alarmante desigualdad social, sino que también deja al descubierto prácticas corruptas que priorizan los intereses empresariales sobre el bienestar de la población.
Mientras comunidades enteras enfrentan la escasez del recurso más vital, grandes corporativos disfrutan de concesiones millonarias para explotar el agua en un sistema que parece diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de todos.
El agua, un bien privatizado
Datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Conagua revelan que seis empresas, encabezadas irónicamente por el propio gobierno estatal, controlan más de 15 millones de metros cúbicos de agua en Hidalgo.
El agua, un bien privatizado
Datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Conagua revelan que seis empresas, encabezadas irónicamente por el propio gobierno estatal, controlan más de 15 millones de metros cúbicos de agua en Hidalgo.
Entre las beneficiadas destacan Grupo Modelo y Time Ceramics, todas con historias cuestionables sobre cómo obtuvieron estas concesiones. Mientras tanto, las comunidades hidalguenses padecen cortes constantes, y en algunos casos, carecen por completo de acceso al agua potable.
Grupo Modelo, en particular, opera en Apan con un esquema que roza lo ilegal. Con una concesión de agua transferida de manera irregular por el gobierno estatal, la empresa utiliza un acuífero protegido por decretos de veda desde la década de 1950.
Grupo Modelo, en particular, opera en Apan con un esquema que roza lo ilegal. Con una concesión de agua transferida de manera irregular por el gobierno estatal, la empresa utiliza un acuífero protegido por decretos de veda desde la década de 1950.
Pese a operar en una zona en crisis hídrica, las autoridades parecen más preocupadas por atraer inversiones que por garantizar el acceso equitativo al agua para la población, priorizando las políticas en favor del bolsillo de unos cuantos.
Time Ceramics: huachicol de agua e irregularidades laborales
El caso de Time Ceramics en Emiliano Zapata, Hidalgo, se ha convertido en un símbolo de las malas prácticas que rodean la gestión del agua en el estado. Durante un operativo la Fiscalía General de la República (FGR) y la Conagua, clausuraron en el pasado la construcción de la planta industrial de la empresa, donde se encontraron más de 130 personas indocumentadas de origen chino trabajando en condiciones precarias. Indocumentados que muchos de ellos aún no han resuelto su situación llego a en el país.
Además, agricultores locales habían denunciado previamente la reducción del servicio de agua en sus cultivos, lo que los llevó a descubrir dos pozos de extracción ilegales dentro de las instalaciones de Time Ceramics. Sin contar con una concesión para la extracción del líquido, la empresa extraía agua de manera clandestina, agravando la escasez para los agricultores de la región.
La conexión entre las irregularidades laborales, el “huachicol de agua” y las concesiones otorgadas de manera ilegal por el gobierno estatal demuestra un patrón alarmante de complicidad entre las autoridades y los corporativos extranjeros. Este caso, más allá de ser un escándalo aislado, evidencia la vulnerabilidad de los recursos naturales frente a la corrupción institucional.
El impacto social: un contraste grotesco
Mientras estas empresas acaparan millones de metros cúbicos de agua para uso industrial, las familias hidalguenses y los agricultores locales lidian con un suministro inconstante o nulo.
El problema se agrava con la decisión del gobierno estatal de comprometer el agua de Hidalgo para abastecer a la Ciudad de México y Querétaro, siguiendo políticas entreguistas que buscan quedar bien con figuras nacionales como Claudia Sheinbaum, sin antes resolver los problemas de raíz como lo es la deficiente red de distribución de agua en todo Hidalgo, por lo que solo se agravará la situación.
Este sometimiento y barbería deja a las comunidades hidalguenses en una posición de vulnerabilidad extrema, mientras el recurso se convierte en una mercancía más al servicio de los poderosos.
Un sistema legal vulnerado
La Ley General de Aguas Nacionales estipula que las concesiones de agua son exclusivas de la federación y no pueden ser transferidas por contratos civiles, como los realizados por los secretarios de gobierno Guillermo Olivares Reyna y Simón Vargas.
Un sistema legal vulnerado
La Ley General de Aguas Nacionales estipula que las concesiones de agua son exclusivas de la federación y no pueden ser transferidas por contratos civiles, como los realizados por los secretarios de gobierno Guillermo Olivares Reyna y Simón Vargas.
Sin embargo, estos gobiernos estatales han actuado como verdaderos “huachicoleros de agua”, violando el marco legal y dejando a la Conagua como un espectador impotente.
El caso de Time Ceramics subraya la gravedad del problema: no solo se permite la extracción ilegal de agua, sino que también se vulneran los derechos humanos al emplear a personas en condiciones ilegales y precarias, perpetuando un modelo de explotación que afecta tanto a los recursos naturales como a las personas.
¿Un futuro como derecho o como privilegio?
La crisis del agua en Hidalgo no es solo un problema ambiental, sino una cuestión de justicia social. Mientras la ciudadanía enfrenta escasez y desabasto, grandes corporaciones disfrutan del recurso sin restricciones, amparadas por un sistema legal que premia la corrupción y la falta de transparencia.
Es importante que se revisen y regularicen las concesiones de agua en el estado, priorizando el acceso equitativo para todos los hidalguenses. El agua no puede seguir siendo un privilegio reservado para unos pocos; debe ser tutelado como un derecho humano fundamental garantizado para toda la población. La solución comienza con una ciudadanía informada que exija rendición de cuentas y políticas públicas que pongan a las personas, y no a las empresas, en el centro de las decisiones.
La falta de acciones inmediatas no solo perpetuará la desigualdad hídrica, sino que también enviará un mensaje claro: en Hidalgo, el agua, al igual que otros recursos, seguirá siendo un privilegio para quienes puedan pagar el precio más alto, sin importar el costo para la sociedad.
El caso de Time Ceramics subraya la gravedad del problema: no solo se permite la extracción ilegal de agua, sino que también se vulneran los derechos humanos al emplear a personas en condiciones ilegales y precarias, perpetuando un modelo de explotación que afecta tanto a los recursos naturales como a las personas.
¿Un futuro como derecho o como privilegio?
La crisis del agua en Hidalgo no es solo un problema ambiental, sino una cuestión de justicia social. Mientras la ciudadanía enfrenta escasez y desabasto, grandes corporaciones disfrutan del recurso sin restricciones, amparadas por un sistema legal que premia la corrupción y la falta de transparencia.
Es importante que se revisen y regularicen las concesiones de agua en el estado, priorizando el acceso equitativo para todos los hidalguenses. El agua no puede seguir siendo un privilegio reservado para unos pocos; debe ser tutelado como un derecho humano fundamental garantizado para toda la población. La solución comienza con una ciudadanía informada que exija rendición de cuentas y políticas públicas que pongan a las personas, y no a las empresas, en el centro de las decisiones.
La falta de acciones inmediatas no solo perpetuará la desigualdad hídrica, sino que también enviará un mensaje claro: en Hidalgo, el agua, al igual que otros recursos, seguirá siendo un privilegio para quienes puedan pagar el precio más alto, sin importar el costo para la sociedad.
