La Reforma Judicial y el Peligro de una Justicia Politizada
Jorge Montejo
La reciente reforma judicial impulsada por Morena, que propone que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación sean electos por voto popular, ha generado un debate profundo sobre los riesgos de politizar la justicia en México. Aunque el objetivo declarado de la reforma es democratizar el acceso al poder judicial, casos como el de Hidalgo demuestran cómo esta medida puede ser utilizada para consolidar el control político sobre un sistema que, por naturaleza, debe ser imparcial e independiente.
En Hidalgo, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, ha convertido las estructuras gubernamentales en plataformas de promoción para la juez del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Karina Vértiz, quien aspira a ser electa en el próximo proceso electoral de jueces. Aprovechando las llamadas “rutas de la transformación” del gobernador Julio Menchaca, Olivares Reyna ha solicitado abiertamente a la ciudadanía que respalde a Vértiz, en una clara muestra de injerencia política en un proceso que debería garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes. Este acto no solo es una falta de respeto hacia quienes se inscribieron en el proceso con la expectativa de competir de manera justa, sino que también viola los principios de equidad que rigen las contiendas electorales.
La promoción de candidatos por parte de un funcionario público, utilizando recursos del gobierno, pone de manifiesto el peligro de esta reforma. Al tratarse de un proceso electoral, las mismas reglas que aplican a las elecciones de cargos públicos deberían regir estas elecciones, incluyendo los delitos electorales, la prohibición de actos anticipados de campaña, el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y la nulidad de los procesos donde se demuestre intervención gubernamental. Sin embargo, lo ocurrido en Hidalgo refleja la ausencia de regulación efectiva y el desinterés por garantizar la independencia del poder judicial.
Esta situación evidencia que la reforma judicial, lejos de buscar la democratización, puede convertirse en un instrumento para perpetuar el control político sobre el sistema de justicia. Al politizar los procesos de elección de jueces, magistrados y ministros, se corre el riesgo de crear un sistema de “jueces de consigna”, figuras subordinadas a los intereses del gobierno en turno. En lugar de garantizar la imparcialidad y el acceso igualitario a la justicia, estas acciones refuerzan la percepción de que el poder judicial es una extensión del poder ejecutivo.
El caso de Hidalgo es un claro ejemplo de cómo los intereses políticos pueden distorsionar una reforma que, en teoría, buscaba fortalecer la confianza en las instituciones. La actitud de Olivares Reyna deja al descubierto que la administración estatal utiliza la reforma como una herramienta de control, lo que no solo socava la legitimidad del proceso, sino que también desincentiva la participación de quienes creen en un sistema de justicia independiente. La 4T en Hidalgo ha demostrado, con estas acciones, que no busca una reforma judicial auténtica, sino una venganza política disfrazada de cambio estructural.
La politización de la justicia representa un grave retroceso para el estado de derecho en México. La independencia judicial es un pilar fundamental para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente a través de mecanismos como el amparo, que actúan como escudos frente a las arbitrariedades del poder. Cuando el sistema judicial se convierte en un espacio controlado por el gobierno, se elimina cualquier esperanza de justicia imparcial, y la ciudadanía queda desprotegida ante los abusos de autoridad. Este caso es una advertencia sobre los peligros de una reforma mal diseñada, en la que los intereses políticos prevalecen sobre los principios de justicia e igualdad.
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