#Investigación | Jorge Montejo
Desde los tiempos del PRI hasta la actual administración de Morena, el control de la opinión pública en Hidalgo ha pasado por los mismos métodos: una relación estrecha y costosa con los medios de comunicación. Este vínculo, basado en la compra de lealtades editoriales, asegura que la narrativa gubernamental sea la única que predomine golpeando a los adversarios políticos, mientras se invisibilizan problemas reales.
El esquema es sencillo pero efectivo. Al llegar al poder, el político aspiracionista de turno, más preocupado por construir su imagen que por gobernar, comienza a destinar cantidades millonarias a medios de comunicación dispuestos a vender su línea editorial. Este gasto desmesurado, conocido coloquialmente como “chayote”, no solo perpetúa la desinformación, sino que desvía recursos públicos que podrían tener un impacto significativo en problemas reales, como la reparación de baches, la adquisición de medicamentos o el mantenimiento de sistemas de agua potable.
Un ejemplo evidente es el contrato (entre varios contratos que existen) otorgado por adjudicación directa al medio de comunicación Effeta, que recibió $401,625 solo en febrero de este año por concepto de “difusión de programas y actividades gubernamentales”. Este medio, que en su momento fue uno de los favoritos del exgobernador priista Omar Fayad, continúa recibiendo beneficios bajo la administración de Morena, demostrando que el color del partido no afecta las prioridades cuando se trata de controlar el discurso público.
Effeta también mantiene varios contratos con la presidencia municipal de Pachuca. Uno de ellos, registrado en el portal de transparencia, asciende a $81,200, dividido en seis pagos mensuales de $11,600, para la difusión de información institucional del municipio. Estos recursos podrían haberse destinado a proyectos esenciales para la población, pero terminan en los bolsillos de quienes garantizan titulares favorables.
Este modelo de manipulación mediática encaja perfectamente con lo que Elias Canetti describió en su obra Masa y Poder: los gobiernos autoritarios utilizan a los medios de comunicación para controlar la mente de las masas. En Hidalgo, este principio parece haber sido tomado como manual de operación. Los medios de comunicación que antes se alineaban con el PRI ahora están al servicio de Morena, demostrando que el poder político y los intereses empresariales siempre encuentran un terreno común cuando se trata de preservar el status quo.
La dependencia de los políticos hacia los medios vendidos es tal que la inversión en propaganda supera en ocasiones a los recursos destinados a resolver problemas sociales. La lógica es clara: un político sin cobertura favorable en los medios no tiene poder ni influencia. Por eso, asegurar el apoyo de los periódicos, portales y noticieros locales se convierte en prioridad, aunque ello implique sacrificar las verdaderas necesidades de la población.
Esta práctica no solo perpetúa un modelo de comunicación gubernamental poco transparente, sino que también refuerza un sistema donde la verdad es un producto negociable. En un estado con altos índices de pobreza y necesidades urgentes, los millonarios contratos con medios de comunicación no son solo un gasto innecesario, sino un insulto a los ciudadanos que esperan soluciones, no discursos fabricados. Mientras tanto, los problemas cotidianos siguen sin resolverse, y el dinero público, que debería ser usado para beneficio colectivo, se desperdicia en alimentar una maquinaria de propaganda que sirve únicamente a los intereses del poder por el poder.
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Está historia continuará, porque faltan los contratos de los empresarios corruptos del priismo que ahora reciben adjudicaciones directas con Morena en Hidalgo.
