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Ricardo Montoya
La jueza de control del distrito judicial de Pachuca Karina Vértiz Marín vinculó a proceso penal a cuatro policías municipales de Tula de Allende (entre ellos una mujer)por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio doloso calificado perpetrado en contra de un joven.
El pasado sábado 5 de octubre fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura a un lado del canal Requena, cerca del fraccionamiento Arboledas, de la primera sección de la localidad de El Llano, Tula.
En aquella ocasión la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tula informó el hallazgo del cadáver tirado sobre un camino de terracería, boca arriba y con las manos esposadas.
Tenía diversas heridas producidas por disparos de arma de fuego en el rostro.
Durante la audiencia inicial que concluyó la tarde de este martes, la jueza Karina Vértiz determinó que el caudal probatorio en contra de los detenidos presentado por el agente del Ministerio Público, recabado por agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo, era suficiente para procesar a los cuatro policías.
La juez determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria,el cuál es el periodo en el cual tanto el ministerio público cómo los defensas de los procesados tienen oportunidad de aportar más pruebas y testimonios antes de la celebración del juicio.
Ante la gravedad de los delitos que se les imputan, la juez determinó que los cuatro permanezcan detenidos en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, es decir prisión preventiva oficiosa.
A A V G, LIHA, y ABS son las iniciales de los nombres de los tres policías varones y YMM de la mujer detenidos la mañana del miércoles 9 de octubre por agentes de la PGJH durante el pase de lista de los elementos de la corporación policiaca.
Los detenidos acababan de ingresar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tula.
En cuanto confirmaron que se encontraban presentes se les pidió que se separan del grupo de oficiales.
De inmediato fueron despojados de sus armas de cargo.
Luego , el agente del ministerio público, con apoyo de policías ministeriales les informó el motivo de su detención con sustento a órdenes de aprehensión en su contra giradas por un juez penal. También les leyeron sus derechos tras lo cual fueron esposados de las manos y fueron introducidos a patrullas de la PGJH.
Fueron llevados hasta la ciudad de Pachuca e ingresados al Centro de Reinserción Social donde fueron puestos a dispocisión del agente del Ministerio Público el cuál formuló la acusación formal en su contra.
