La Urgente Necesidad de una Reforma Judicial en Hidalgo
Hidalgo, un estado con ubicación geográfica estratégica y una población diversa, enfrenta un complejo reto: superar la corrupción y falta de desarrollo que lo han caracterizado por décadas. A pesar de su potencial natural y humano, Hidalgo sigue siendo una de las entidades más atrasadas de México. Este problema tiene una raíz clara: la red de privilegios políticos que sofoca las instituciones locales y frena su evolución. Lejos de funcionar como baluartes de la justicia, estas instituciones han sido controladas por el poder ejecutivo para mantener la corrupción y los privilegios en las altas esferas de la sociedad.
Uno de los mayores problemas en este panorama es la falta de independencia del Poder Judicial en Hidalgo. Según el artículo 94 de la Constitución Política del Estado, el gobernador tiene la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Este poder en manos del ejecutivo compromete la imparcialidad y autonomía del sistema judicial, al permitir que el acceso a la función jurisdiccional esté bajo la sombra del poder político, lo cual convierte a la independencia judicial en Hidalgo en una quimera. A esta situación se suma la falta de autonomía presupuestaria del Poder Judicial, ya que el presupuesto se negocia directamente con el Ejecutivo, lo que deja a los jueces y magistrados vulnerables a las presiones políticas.
A lo largo de los años, presidentes del Tribunal Superior de Justicia han ocupado el cargo sin abordar este problema de dependencia. Nombrados por el gobernador, estos presidentes han perpetuado un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo, alejado de los principios de imparcialidad y justicia.
Una propuesta audaz en este sentido es la elección popular de jueces y magistrados del fuero común, lo cual permitiría que los jueces respondan al pueblo y no al gobernador, incrementando la legitimidad democrática del sistema judicial y garantizando una mayor independencia. En un sistema como el actual, un ciudadano común que enfrenta un litigio contra un político o una persona influyente difícilmente puede esperar una decisión imparcial. La elección popular de jueces cambiaría esta dinámica, empoderando a los ciudadanos y fortaleciendo el estado de derecho.
Otra medida crucial es la creación de una Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. El jurista Eduardo Ferrer Mac Gregor ha señalado que esta sala garantizaría que las acciones del gobierno estatal y municipal respeten la constitución local y los derechos humanos. Actuaría como un verdadero guardián de la legalidad, revisando las decisiones de los poderes municipales, legislativo y ejecutivo, y alineando todas las acciones gubernamentales con los principios constitucionales. Además, la creación de jueces de proximidad, itinerantes en las comunidades remotas, facilitaría la resolución de conflictos y fortalecería la confianza ciudadana en el sistema judicial.
La implementación de estas reformas, sin embargo, no está exenta de desafíos. La elección popular de jueces en países como Bolivia ha generado problemas de politización en el sistema judicial. En Hidalgo, sería crucial diseñar un sistema híbrido que combine la meritocracia con la elección democrática, asegurando que los jueces sean competentes, imparciales e independientes. La propuesta incluiría la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de dos nuevos órganos: uno para la examinación y carrera judicial, y otro para la sanción de jueces. Esto debería incluir un ingreso único a la judicatura basado en exámenes rigurosos, con la participación de barras y colegios de abogados, y un seguimiento constante del desempeño de los jueces.
En el contexto de Hidalgo, la transformación de la Procuraduría en Fiscalía representa una medida crucial para reducir la politización de la justicia. Aunque desde hace 5 años fue aprobada esta reforma para dotar de autonomía al fiscal, el gobierno estatal se ha negado a implementarla, lo que permite que el secretario de gobierno continúe influyendo en el fiscal para perseguir a adversarios políticos en vez de delincuentes. La independencia del fiscal garantizaría una administración de justicia más transparente, imparcial y libre de agendas partidistas, fortaleciendo la democracia y el respeto por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Hidalgo tiene ante sí una oportunidad histórica para reformar su sistema judicial y avanzar hacia un futuro más justo y transparente. Esta transformación no solo implica un avance hacia la autonomía judicial, sino también una era de justicia imparcial y libre de influencias políticas. Con una reforma eficiente, prácticas como la persecución política podrían terminar, dando paso a un sistema que persiga la justicia con objetividad y rigor, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa y promoviendo un estado de derecho verdaderamente democrático y transparente.
Uno de los mayores problemas en este panorama es la falta de independencia del Poder Judicial en Hidalgo. Según el artículo 94 de la Constitución Política del Estado, el gobernador tiene la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Este poder en manos del ejecutivo compromete la imparcialidad y autonomía del sistema judicial, al permitir que el acceso a la función jurisdiccional esté bajo la sombra del poder político, lo cual convierte a la independencia judicial en Hidalgo en una quimera. A esta situación se suma la falta de autonomía presupuestaria del Poder Judicial, ya que el presupuesto se negocia directamente con el Ejecutivo, lo que deja a los jueces y magistrados vulnerables a las presiones políticas.
A lo largo de los años, presidentes del Tribunal Superior de Justicia han ocupado el cargo sin abordar este problema de dependencia. Nombrados por el gobernador, estos presidentes han perpetuado un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo, alejado de los principios de imparcialidad y justicia.
Una propuesta audaz en este sentido es la elección popular de jueces y magistrados del fuero común, lo cual permitiría que los jueces respondan al pueblo y no al gobernador, incrementando la legitimidad democrática del sistema judicial y garantizando una mayor independencia. En un sistema como el actual, un ciudadano común que enfrenta un litigio contra un político o una persona influyente difícilmente puede esperar una decisión imparcial. La elección popular de jueces cambiaría esta dinámica, empoderando a los ciudadanos y fortaleciendo el estado de derecho.
Otra medida crucial es la creación de una Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. El jurista Eduardo Ferrer Mac Gregor ha señalado que esta sala garantizaría que las acciones del gobierno estatal y municipal respeten la constitución local y los derechos humanos. Actuaría como un verdadero guardián de la legalidad, revisando las decisiones de los poderes municipales, legislativo y ejecutivo, y alineando todas las acciones gubernamentales con los principios constitucionales. Además, la creación de jueces de proximidad, itinerantes en las comunidades remotas, facilitaría la resolución de conflictos y fortalecería la confianza ciudadana en el sistema judicial.
La implementación de estas reformas, sin embargo, no está exenta de desafíos. La elección popular de jueces en países como Bolivia ha generado problemas de politización en el sistema judicial. En Hidalgo, sería crucial diseñar un sistema híbrido que combine la meritocracia con la elección democrática, asegurando que los jueces sean competentes, imparciales e independientes. La propuesta incluiría la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de dos nuevos órganos: uno para la examinación y carrera judicial, y otro para la sanción de jueces. Esto debería incluir un ingreso único a la judicatura basado en exámenes rigurosos, con la participación de barras y colegios de abogados, y un seguimiento constante del desempeño de los jueces.
En el contexto de Hidalgo, la transformación de la Procuraduría en Fiscalía representa una medida crucial para reducir la politización de la justicia. Aunque desde hace 5 años fue aprobada esta reforma para dotar de autonomía al fiscal, el gobierno estatal se ha negado a implementarla, lo que permite que el secretario de gobierno continúe influyendo en el fiscal para perseguir a adversarios políticos en vez de delincuentes. La independencia del fiscal garantizaría una administración de justicia más transparente, imparcial y libre de agendas partidistas, fortaleciendo la democracia y el respeto por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Hidalgo tiene ante sí una oportunidad histórica para reformar su sistema judicial y avanzar hacia un futuro más justo y transparente. Esta transformación no solo implica un avance hacia la autonomía judicial, sino también una era de justicia imparcial y libre de influencias políticas. Con una reforma eficiente, prácticas como la persecución política podrían terminar, dando paso a un sistema que persiga la justicia con objetividad y rigor, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa y promoviendo un estado de derecho verdaderamente democrático y transparente.
___________
PD. El gobierno persigue adversarios políticos en vez de delincuentes, a esos los deja liberes como se puede observar en la ola de ejecuciones que se vive actualmente en Pachuca y San Agustín Tlaxiaca. En donde un supuesto miembro de autodefensas acusa al gobierno del PRIMOR de estar coludido con la delincuencia organizada en un video.
