María Gil
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este lunes el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025, presentado por la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. El presupuesto propuesto ascendía a cinco mil 922 millones de pesos para el ejercicio fiscal. Sin embargo, los ministros del máximo tribunal cuestionaron que el proyecto no consideraba los gastos y ajustes presupuestales derivados de la Reforma Judicial, tales como la eliminación de fideicomisos y los ajustes en los sueldos de altos funcionarios para que no superen el del Presidente de la República.
El proyecto también incluía un incremento por inflación y preveía recursos para ajustes en las remuneraciones, el pago completo de pensiones complementarias, apoyos médicos extraordinarios y otras obligaciones laborales. Además, contemplaba la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios cuando fuera necesario, sin prever recursos para la creación de nuevas plazas.
Uno de los puntos más controversiales fue que la propuesta no cumplía con las medidas establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, manteniendo asignaciones millonarias para seguros privados, como el de gastos médicos mayores (132 millones 825 mil pesos) y el de separación individualizada (204 millones 988 mil 949 pesos), entre otros. Ante esta situación, la Ministra Piña Hernández se comprometió a reelaborar la propuesta y presentar una nueva el próximo martes.
Durante la inauguración del XV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizado por la UNAM, la Ministra Piña alertó sobre la pérdida del derecho a una justicia imparcial y el respeto a los derechos humanos en México, debido a la politización de la justicia. “Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país”, declaró la Ministra.
Estas declaraciones se enmarcan en el contexto de la Reforma Judicial, vigente desde el pasado 16 de septiembre, la cual ha sido impugnada por varios jueces. La Ministra aprovechó el foro para defender la división de poderes, argumento central en la oposición de ministros y jueces a la Reforma Judicial. Destacó la importancia de la independencia judicial como patrimonio de la humanidad y su vinculación directa con el carácter constitucional de las sociedades democráticas.
“La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura”, agregó. Asimismo, Piña enfatizó que la justicia debe estar siempre al servicio de la ciudadanía, instando al Poder Judicial a demostrar públicamente la esencia de su labor y a reafirmar su compromiso de servir a los mexicanos con profesionalismo, excelencia, integridad y responsabilidad.
Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe del Poder Judicial de la Federación (PJF) que subraya la necesidad de implementar la Reforma Judicial de inmediato, señalando problemas como el nepotismo y la corrupción. En relación con el desacato a la orden de la Jueza Nancy Juárez Salas, que solicitó la eliminación de la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación, Sheinbaum afirmó que aún no han recibido una notificación formal, pero destacó que dicha orden viola la Ley de Amparo.
“No hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine del DOF la publicación de la Reforma Judicial. Nunca se había recibido en 30 años una notificación así para eliminar. Se está violando la Ley de Amparo”, dijo la Presidenta, señalando que una vez recibida la notificación, la Consejería Jurídica enviará un escrito al Poder Legislativo para cuestionar la legalidad de la orden de la jueza. Sheinbaum también anunció que notificará a la dependencia encargada de sancionar a jueces, magistrados y ministros por las recientes violaciones a la Ley de Amparo, destacando que estas acciones afectan el Estado de Derecho.
Para hacer una suspensión de un amparo no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la Ley de Amparo. El artículo 61 señala que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país. Sheinbaum reiteró que la publicación de la reforma al Poder Judicial en el DOF fue una instrucción del Congreso de la Unión, por lo que informó que una vez que sea notificada sobre la resolución de la jueza, preguntará al Poder Legislativo sobre la legalidad de esta orden. “Es totalmente irregular, son los propios jueces, juezas, magistrados y ministros quienes están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución”.
