Alonso Quijano
En una conferencia de prensa, Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul SCL, solicitó al gobierno de Hidalgo que haga cumplir la ley para recuperar la planta cementera de Tula, la cual ha estado sin operar durante cuatro años, lo que ha generado pérdidas estimadas en 25 mil millones de pesos.
Anzures Ortiz rechazó la posibilidad de entablar una mesa de diálogo con las partes involucradas en la ocupación ilegal de la planta, y exigió acciones concretas para que se restituyan los derechos de la cooperativa sobre sus instalaciones.
Anzures explicó que, a diferencia de otros estados como Puebla o la Ciudad de México, donde los gobiernos han cumplido con los mandatos judiciales, en Hidalgo no se ha respetado la ley.
En lugar de hacer cumplir las resoluciones de la Sexta Sala Civil, Guillermo Olivares, secretario de Gobierno del estado, visitó la planta cementera y sugirió que se pagara a las personas que la mantienen ocupada ilegalmente desde hace cuatro años. Según el director jurídico, esta actitud favorece a quienes han secuestrado la fábrica, en lugar de proteger los derechos de la cooperativa.
A pesar de la situación, la cooperativa sigue cumpliendo con sus obligaciones laborales. “Hoy en día, Cooperativa La Cruz Azul continúa pagando los sueldos a cerca de mil directivos y socios que están en Cruz Azul Hidalgo, aun cuando no están trabajando”, subrayó Anzures Ortiz.
También destacó que si la planta estuviera operativa, los beneficios económicos para la región de Tula y para el estado de Hidalgo serían considerables, generando ingresos tanto para el estado como para el municipio y sus alrededores. “En eso debería enfocarse el gobierno, no en cómo ayudar a personas que durante cuatro años han cometido delitos y atentado contra una empresa”, afirmó.
En tono irónico, Anzures cuestionó los comentarios del secretario de Gobierno, pero expresó su confianza en el gobernador Julio Menchaca. “Confiamos en él como persona, le agradecemos su posición y esperamos que ayude a que se cumpla la ley y se restablezca la normalidad en la zona de Cruz Azul”, añadió.
Finalmente, pidió que se ejecuten las 30 órdenes de aprehensión que existen contra los responsables de la ocupación ilegal, para que la planta pueda volver a operar y contribuir al desarrollo de la región.
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Olivares Reyna es señalado por apoyar al grupo del prófugo de la justicia Billy Álvarez para que la cooperativa no recupere la planta de Cruz Azul.
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Olivares Reyna es señalado por apoyar al grupo del prófugo de la justicia Billy Álvarez para que la cooperativa no recupere la planta de Cruz Azul.
