Ricardo Montoya
Una abogada de nombre María Alejandra Martínez Ortiz que tenía su despacho jurídico en el municipio de Tulancingo fue condenada a pasar nueve años de prisión por el delito de fraude.
Esto, por pedir 430 mil pesos a una de sus clientas para presuntos gastos de un proceso jurídico que nunca realizó.
Deberá cumplir su condena en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó que en diciembre de 2020, María Alejandra Martínez en su carácter de representante legal de la víctima mediante engaños, le exigió la entrega de 435 mil pesos.
Le dijo falsamente que su esposo iba a ser detenido y procesado por autoridades federales.
Para evitarlo, le comentó que era necesario realizar supuestos trámites los cuales tenían cómo costo la cantidad de dinero citada.
Sin embargo, la persona agraviada al darse cuenta que ninguna autoridad había iniciado investigaciones contra su esposo y no había trámites que debieran requerir pago alguno, se presentó ante el Ministerio Público y denunció lo ocurrido.
Una vez que agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría oriente se allegaron de datos de prueba contra María Alejandra Martínez, la abogada fue detenida y puesta a dispocisión de un juez de control quien al final la vinculó a proceso penal.
Finalmente tras concluir el plazo de investigación complementaria y agotar todas las etapas del proceso penal, la PGJH probó plenamente la responsabilidad de María Alejandra Martínez por el delito de fraude.
Tras ser encontrada culpable por un tribunal de enjuiciamiento, le dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión.
Además se le impuso el pago por concepto de la reparación del daño, así como una multa.
No es la primera vez que María Alejandra Martínez ha sido señalada de perpetrar fraudes contra sus clientes.
En 2018 fue denunciada por el mismo delito por vecinos del Ejido La Rayuela de Tulancingo quienes la habían contratado a cambio del pago de 200 mil pesos para que los defendiera en un pleito legal contra una persona que los acusó de invasión de un predio.
De acuerdo a los afectados, María Alejandra Martínez no hizo absolutamente nada para defenderlos.
A pesar de que los colonos comprobaron que vivían en el lugar desde hacía más de 50 años, un individuo que se ostentó como dueño los acusó de invasión y obtuvo un fallo a su favor en 2014 por lo que logró que se emitiera una orden de desalojo contra los vecinos.
Para evitar perder sus viviendas le pegaron a la abogada para que combatiera ese fallo por vía judicial.
Pese a que cobró por adelantado, nunca llevó a las familias afectadas al juzgado ni hizo ningún procedimiento legal para evitarlo.
Por ello también demandaron a la abogada . El asunto sigue bajo proceso.
