Alonso Quijano
En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada y se realizó en un gimnasio, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 359 votos a favor de los legisladores de Morena, PT y PVEM, y 135 en contra de las bancadas del PAN, PRI y MC, la reforma pasó su primer obstáculo en el proceso legislativo.
Ahora, el proyecto entra en la fase de presentación de modificaciones, con un panorama complejo por delante: existen más de 700 propuestas de modificación, lo que prácticamente reserva todo el dictamen y augura un proceso largo y complicado antes de la votación en particular.
La Reforma Judicial aprobada busca implementar cambios estructurales en el Poder Judicial de México. Entre las medidas más destacadas se encuentra la renovación total del Poder Judicial, programada para llevarse a cabo en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Además, se eliminarán las restricciones de edad para ser Ministro o Magistrado, permitiendo que personas de cualquier edad puedan ocupar estos cargos.
Otro cambio significativo es la eliminación del requisito de experiencia laboral para ser juez, lo que ha generado un amplio debate sobre los criterios de selección. Asimismo, se introduce la figura de "jueces sin rostro" en casos de narcotráfico o delincuencia organizada, impidiendo que los acusados conozcan la identidad de sus juzgadores, una medida que busca proteger a los jueces pero que también ha sido criticada por su falta de transparencia.
La reforma también contempla la implementación de un sistema de tómbola para asignar cargos en caso de que haya más aspirantes que puestos disponibles, lo que añade un elemento de azar en la selección de jueces y magistrados. Además, el proceso electoral se complicará con la introducción de varias boletas que los ciudadanos deberán llenar, eligiendo entre numerosos nombres divididos por Poder.
Para asegurar la conducta de los jueces, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo organismo encargado de supervisar su desempeño. En paralelo, el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia se reducirá de 11 a 9, concentrando más poder en un grupo más pequeño.
Una medida que ha llamado particularmente la atención es el premio a magistrados electorales, quienes, tras calificar la elección presidencial, podrán aspirar a ser ministros y extender su permanencia en el cargo por dos años adicionales. Además, se eliminarán los fideicomisos judiciales, lo que ha generado preocupación sobre la independencia financiera del Poder Judicial.
Finalmente, la reforma también establece que los estados deberán adaptar estos cambios a su propia legislación, replicando el nuevo modelo judicial en todo el país. La aprobación en lo general de esta reforma marca un hito en la política judicial de México, mientras se espera un intenso debate en la Cámara sobre las implicaciones de estos cambios profundos en la administración de justicia.
Ahora, el proyecto entra en la fase de presentación de modificaciones, con un panorama complejo por delante: existen más de 700 propuestas de modificación, lo que prácticamente reserva todo el dictamen y augura un proceso largo y complicado antes de la votación en particular.
La Reforma Judicial aprobada busca implementar cambios estructurales en el Poder Judicial de México. Entre las medidas más destacadas se encuentra la renovación total del Poder Judicial, programada para llevarse a cabo en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Además, se eliminarán las restricciones de edad para ser Ministro o Magistrado, permitiendo que personas de cualquier edad puedan ocupar estos cargos.
Otro cambio significativo es la eliminación del requisito de experiencia laboral para ser juez, lo que ha generado un amplio debate sobre los criterios de selección. Asimismo, se introduce la figura de "jueces sin rostro" en casos de narcotráfico o delincuencia organizada, impidiendo que los acusados conozcan la identidad de sus juzgadores, una medida que busca proteger a los jueces pero que también ha sido criticada por su falta de transparencia.
La reforma también contempla la implementación de un sistema de tómbola para asignar cargos en caso de que haya más aspirantes que puestos disponibles, lo que añade un elemento de azar en la selección de jueces y magistrados. Además, el proceso electoral se complicará con la introducción de varias boletas que los ciudadanos deberán llenar, eligiendo entre numerosos nombres divididos por Poder.
Para asegurar la conducta de los jueces, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo organismo encargado de supervisar su desempeño. En paralelo, el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia se reducirá de 11 a 9, concentrando más poder en un grupo más pequeño.
Una medida que ha llamado particularmente la atención es el premio a magistrados electorales, quienes, tras calificar la elección presidencial, podrán aspirar a ser ministros y extender su permanencia en el cargo por dos años adicionales. Además, se eliminarán los fideicomisos judiciales, lo que ha generado preocupación sobre la independencia financiera del Poder Judicial.
Finalmente, la reforma también establece que los estados deberán adaptar estos cambios a su propia legislación, replicando el nuevo modelo judicial en todo el país. La aprobación en lo general de esta reforma marca un hito en la política judicial de México, mientras se espera un intenso debate en la Cámara sobre las implicaciones de estos cambios profundos en la administración de justicia.
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