Julio Gálvez
Los jueces y magistrados del fuero común en Hidalgo han omitido expresarse respecto a la reforma judicial por el temor de ser exhibidos como personas incapaces y la incertidumbre de no ser considerados en las listas finales durante los procesos selectivos. Muchos magistrados locales se han expresado en contra, lo que plantea la pregunta de si realmente tienen una carrera judicial o conocimientos sólidos, y qué es lo que realmente temen.
Uno de los aspectos menos discutidos de la reforma es la creación de comités especializados de selección de aspirantes a jueces y magistrados del orden común. Estos comités estarán integrados por expertos y evaluarán a los candidatos con criterios objetivos, considerando su trayectoria, conocimientos técnicos, aportaciones y publicaciones. Esto podría exhibir la falta de capacidad jurídica e intelectual de los aspirantes hidalguenses que anteriormente fueron considerados magistrados y magistradas, muchos de los cuales ni siquiera serían incluidos en las listas finales.
El desaliento de muchos magistrados se debe a que no desean enfrentarse a un proceso donde podrían quedar en desventaja, ya que muchos ocupan sus cargos no por vocación o méritos sino por cuestiones políticas. Además, la pregunta de por qué Hidalgo, un estado con una ubicación geográfica privilegiada y grandes riquezas naturales, sigue siendo una de las entidades más corruptas y atrasadas del país, sigue sin respuesta.
Hidalgo está atrapado en una red de privilegios políticos que inhibe un ambiente equitativo y favorece la corrupción en todos los niveles de gobierno. Las instituciones, en lugar de funcionar conforme a los derechos humanos, simulan una democracia. El poder judicial en Hidalgo no opera de manera autónoma e independiente para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino como un instrumento del poder político.
La independencia judicial implica una doble concepción: la independencia funcional y la independencia como garantía. La primera se refiere a que el juez, en el ejercicio de su función, debe estar sometido únicamente a la legalidad. La segunda, a un conjunto de mecanismos que salvaguardan y realizan ese valor. Sin embargo, en Hidalgo, nunca ha habido altos índices de independencia judicial. Según el artículo 94 de la Constitución Política del Estado, los gobernadores han nombrado a políticos como magistrados y titulares del Tribunal Superior de Justicia, personas que carecen de carrera judicial, méritos y experiencia necesarios.
Además, el Poder Judicial de Hidalgo carece de autonomía presupuestal, ya que su presupuesto depende del Poder Ejecutivo. Esta falta de independencia se agrava con la influencia de grupos políticos sobre los jueces y magistrados, quienes muchas veces deben rendir pleitesía a personajes de la política.
El cambio democrático que se vivió en 2021 ofrece a la actual titular del Poder Judicial en Hidalgo una oportunidad única para legitimar al Tribunal Superior de Justicia, una institución de 155 años, como una entidad verdaderamente independiente y no sometida al poder político.
La falta de independencia judicial afecta directamente a los ciudadanos. Por ejemplo, un ciudadano común con un litigio contra un político o una persona influyente podría enfrentar enormes dificultades para obtener justicia, ya que los jueces y magistrados están sometidos al poder político y no a la Constitución. Además, el Poder Judicial de Hidalgo está dividido y controlado por grupos políticos, lo que compromete aún más su autonomía.
La gravedad de la situación es tal que, como establece el artículo 16 de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789, "Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni garantizada la separación de poderes, carece de Constitución". En Hidalgo, esta declaración resuena con una claridad inquietante, evidenciando la urgente necesidad de una reforma judicial que realmente garantice la independencia y equidad en la administración de justicia.
