En un acto que ha generado gran controversia, miembros del Poder Judicial iniciaron desde hace más de un mes una huelga en protesta contra la reforma judicial que propone la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Sin embargo, esta huelga no solo es polémica, sino que también es ilegal e inconstitucional.
El segundo párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro y contundente al respecto, ya que ni en tiempos de guerra se pueden suspender los derechos a la legalidad y al acceso a la justicia. Este artículo establece que:
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
En las negociaciones laborales, se discute si los salarios caídos durante una huelga deben pagarse o no, pero en este caso, la ilegalidad de la huelga complica aún más la situación. Si se considera que la huelga es ilegal, los salarios de los días no trabajados no deberían ser pagados, y podría haber repercusiones legales para quienes promovieron y participaron en la huelga.
El argumento de que "se fueron al derecho al paro" carece de fundamento cuando la justicia, como derecho público, no puede ser interrumpida. La Constitución lo establece claramente: ni en tiempos de guerra se puede suspender el acceso a la justicia. Por lo tanto, cualquier intento de paralizar el Poder Judicial no solo es irresponsable, sino que va en contra de los principios constitucionales más básicos.
La huelga del Poder Judicial en protesta contra la reforma judicial es un acto que desafía la legalidad y la Constitución de México. En un estado de derecho, la justicia debe prevalecer por encima de intereses particulares o corporativos. La suspensión de la justicia no es una opción, y cualquier acción en este sentido debe ser considerada ilegal e inconstitucional.
Las autoridades competentes deben tomar las medidas necesarias para asegurar que la justicia en México continúe funcionando de manera ininterrumpida, garantizando así el respeto y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Ante la huelga ilegal e inconstitucional del Poder Judicial, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, podría considerar la posibilidad de que se emita una declaratoria de emergencia para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial. La interrupción del acceso a la justicia pone en riesgo el principio de legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que justifica la adopción de medidas extraordinarias para restablecer el orden y garantizar que el sistema judicial opere de manera ininterrumpida. Esta declaratoria no solo subrayaría la gravedad de la situación, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la importancia de mantener la justicia accesible para todos, incluso en tiempos de conflicto interno.
