Julio Gálvez
Recientemente, leí un artículo en Effeta que me causó gracia. Este artículo trataba sobre la "historia oculta" del Poder Judicial en México, argumentando que los héroes de la reforma judicial en Hidalgo fueron Andrés Velázquez, Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa.
Effeta también menciona que el grupo Huichapan tiene influencia dentro del Poder Judcial. Sin embargo, esta afirmación es engañosa. Effeta es un periódico alineado con el gobierno del Estado de Hidalgo y con Omar Fayad, conocido por mezclar hechos con ficciones para manipular a la opinión pública.
El verdadero motivo de la reforma judicial radica en que este poder se encuentra desconectado del pueblo, capturado por la derecha, y sus sentencias suelen tener un enfoque conservador. No es cierto que la reforma se deba a la influencia del grupo Huichapan, como sugiere el artículo de Effeta.
Más bien el grupo Huichapan ha sido discriminado de la política hidalguense con la imposición del neoliberalismo desde el sexenio de Murillo en adelante, mejor conocido como capitalismo de cuates, donde un grupo de políticos, empresarios y medios chayoteros se han apoderado del gobierno para volverse millonarios al amparo del poder.
Desde 1994, con la creación del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial ha ido degradándose. Este consejo se le otorgó el poder de nombrar y sancionar jueces, consolidando el control en una sola institución y permitiendo que la derecha capturara al Poder Judicial. Antes de esta reforma de Zedillo, la Suprema Corte operaba con un instituto de especialización judicial a cargo de los propios ministros, como el destacado Ministro Arturo Serrano Robles, que se encargaba de la capacitación de nuevos jueces, asegurando una formación judicial sólida y basada en la experiencia.
Sin embargo, con la reforma de 1994 y la llegada de ministros de derecha durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, comenzaron a ingresar al Poder Judicial perfiles como José Ramón Cossío, quien sacrificó a los que tenían una carrera judicial por individuos provenientes de universidades privadas y extranjeras, como el ITAM, la Libre de Derecho y la Iberoamericana, creando un sesgo ideológico hacia la derecha y favoreciendo intereses particulares.
Muchos de estos nuevos jueces y magistrados ocupan sus cargos no por vocación o méritos, sino por razones políticas o económicas, atraídos por sueldos bien pagados. La reciente propuesta de reforma que plantea la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular surge en un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema judicial, acusado de estar desconectado de las necesidades de las capas más vulnerables de la sociedad.
En los últimos años, ha quedado en evidencia una preocupante desconexión entre el Poder Judicial y la justicia para los sectores más necesitados. En lugar de ser el bastión de la equidad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, el Poder Judicial parece inclinarse hacia la resolución de asuntos que benefician a una élite económica y política, erosionando la confianza pública y socavando los principios fundamentales de justicia y equidad.
Una de las principales causas de esta desconexión es la falta de diversidad ideológica dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La mayoría de sus ministros son considerados conservadores, lo que ha generado críticas por su tendencia a resolver casos en favor de intereses específicos. La ausencia de un equilibrio ideológico, similar al que se observa en la Corte de Estados Unidos, deja a las clases más vulnerables desprotegidas y sin una representación justa en el sistema judicial.
La desconexión del Poder Judicial mexicano se vuelve aún más evidente al examinar su manejo de los fideicomisos en el pasado. Estos instrumentos, diseñados para fines diversos, se convirtieron en herramientas para consolidar privilegios y gastos excesivos. Recursos que debían destinarse a causas de interés público fueron utilizados para satisfacer las necesidades de la élite, como becas en el extranjero y pagos de gastos médicos en instituciones privadas, reflejando una falta de responsabilidad y transparencia que debilita aún más la confianza en el sistema judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a las políticas del ex Ministro José Ramón Cossío, ha favorecido sistemáticamente a egresados de ciertas universidades de élite y a individuos recomendados por influencias políticas, relegando la importancia de la experiencia judicial y la carrera meritocrática. Esta predilección ha creado un sesgo ideológico conservador y ha desvalorizado el arduo trabajo de muchos jueces y magistrados dedicados al servicio de la justicia, generando un sistema judicial que carece de diversidad y representa intereses particulares más que el bien común.
La oposición de estos sectores privilegiados a la reforma judicial es comprensible. Han disfrutado de una vida cómoda dentro de la judicatura gracias al nepotismo y al influyentismo, mientras la mayoría de los estudiantes de derecho enfrentan un futuro incierto, muchos terminando en empleos ajenos a su formación profesional. Esta realidad subraya la necesidad urgente de una reforma que democratice el acceso al poder judicial y lo haga verdaderamente representativo de todos los sectores de la sociedad.
La reforma al Poder Judicial en México es un paso necesario para corregir las desigualdades y restaurar la confianza en el sistema judicial. Es imperativo que se aborde la falta de diversidad ideológica y se garantice un manejo transparente y responsable de los recursos públicos. Solo a través de un sistema judicial justo y equitativo se podrá proteger efectivamente los derechos de todos los ciudadanos y asegurar una verdadera justicia social.
Así se demuestra el verdadero motivo de la reforma al Poder Judicial, lejos de las ficciones que medios alineados con Omar Fayad intentan imponer.
