Julio Gálvez
La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial en México, que plantea la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, ha generado un debate público significativo, en el que diversos sectores sociales han tomado posturas definidas. Esta iniciativa surge en un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema judicial, acusado de estar desconectado de las necesidades de las capas más vulnerables de la sociedad.
En los últimos años, ha quedado en evidencia una preocupante desconexión entre el Poder Judicial y la justicia para los sectores más necesitados. En lugar de ser el bastión de la equidad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, el poder judicial parece haberse inclinado hacia la resolución de asuntos judiciales que benefician a una élite económica y política. Esta tendencia erosiona la confianza pública y socava los principios fundamentales de justicia y equidad.
Una de las principales causas de esta desconexión es la falta de diversidad ideológica dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La mayoría de sus ministros son considerados conservadores, lo que ha generado críticas por su tendencia a resolver casos en favor de intereses económicos y políticos específicos. La ausencia de un equilibrio ideológico, similar al que se observa en la Corte de Estados Unidos, donde coexisten jueces de tendencias conservadoras y liberales, deja a las clases más vulnerables desprotegidas y sin una representación justa en el sistema judicial.
La comparación con el sistema judicial estadounidense es instructiva. La Constitución de los Estados Unidos, a través del sistema de checks and balances, garantiza un equilibrio de poderes y una representación diversa en la Corte norteamericana. Este equilibrio es fundamental para la protección de los derechos civiles y la administración de justicia. La falta de un sistema similar en México ha llevado a un desequilibrio que favorece a las élites y perpetúa la injusticia social.
La desconexión del Poder Judicial mexicano se vuelve aún más evidente al examinar su manejo de los fideicomisos en el pasado. Estos instrumentos, diseñados para fines diversos, se convirtieron en herramientas para consolidar privilegios y gastos excesivos. Recursos que debían destinarse a causas de interés público fueron utilizados para satisfacer las necesidades de la élite, como becas en el extranjero y pagos de gastos médicos en instituciones privadas. Este mal uso de los recursos públicos refleja una falta de responsabilidad y transparencia que debilita aún más la confianza en el sistema judicial.
El futuro de la justicia en México se vislumbra incierto ante esta situación. Estudiantes de derecho de universidades de élite como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Escuela Libre de Derecho, que han tenido acceso directo al poder judicial, se muestran preparados para perpetuar la corrupción y defender los intereses de los potentados y delincuentes de cuello blanco. Esta percepción refuerza la idea de que el sistema está diseñado para beneficiar a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a las políticas del ex Ministro José Ramón Cossio, ha favorecido sistemáticamente a egresados de ciertas universidades de élite y a individuos recomendados por influencias políticas, relegando así la importancia de la experiencia judicial y la carrera meritocrática dentro del sistema. Esta predilección no solo ha creado un sesgo ideológico conservador, sino que también ha desvalorizado el arduo trabajo y la trayectoria de muchos jueces y magistrados que han dedicado años al servicio de la justicia, generando un sistema judicial que carece de diversidad y representa intereses particulares más que el bien común.
La oposición de estos sectores privilegiados a la reforma judicial es comprensible. Han disfrutado de una vida cómoda dentro de la judicatura, gracias al nepotismo y al influyentismo, mientras la gran mayoría de los estudiantes de derecho enfrentan un futuro incierto, muchos de ellos terminando en empleos ajenos a su formación profesional. Esta realidad subraya la necesidad urgente de una reforma que democratice el acceso al poder judicial y lo haga verdaderamente representativo de todos los sectores de la sociedad.
La reforma al Poder Judicial en México es un paso necesario para corregir las desigualdades y restaurar la confianza en el sistema judicial. Es imperativo que se aborde la falta de diversidad ideológica y se garantice un manejo transparente y responsable de los recursos públicos. Solo a través de un sistema judicial justo y equitativo se podrá proteger efectivamente los derechos de todos los ciudadanos y asegurar una verdadera justicia social.
