Julio Gálvez
La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, una de las piezas clave del paquete de reformas constitucionales conocido como "plan C", marca un punto de inflexión en la historia del sistema judicial mexicano. Este cambio legislativo busca poner fin a una era de privilegios y excesos que han caracterizado a jueces, magistrados y ministros, quienes durante años han operado con un sentido de impunidad y corrupción.
El plan C ha sido presentado como una medida necesaria para desmantelar la burocracia que se apoderó del Poder Judicial, convirtiéndolo en un bastión de tráfico de influencias, intercambio de favores, nepotismo y derroche de recursos públicos. La reforma pretende erradicar estas prácticas, devolviendo la confianza de la ciudadanía en un sistema que debería ser el pilar de la justicia en el país. Además, con la elección popular de jueces, la derecha pierde el control que ha ejercido sobre el Poder Judicial, un cambio significativo en la dinámica política y judicial del país.
Uno de los aspectos más controvertidos de la desconexión del Poder Judicial con la sociedad ha sido el manejo de los fideicomisos. Originalmente diseñados para diversos fines de interés público, estos instrumentos se convirtieron en herramientas para consolidar privilegios y gastos excesivos. En lugar de destinar recursos a causas que beneficien a la población, los fideicomisos fueron utilizados para financiar becas en el extranjero y cubrir gastos médicos en instituciones privadas para la élite de la familia judicial. Este mal uso de fondos públicos ha debilitado aún más la confianza en el sistema, evidenciando una falta de responsabilidad y transparencia.
La situación actual proyecta un futuro incierto para la justicia en México. Estudiantes de derecho de instituciones de élite como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Escuela Libre de Derecho, quienes tradicionalmente han tenido acceso directo al poder judicial, están preparados para perpetuar la corrupción y defender los intereses de los poderosos y los delincuentes de cuello blanco. Esta percepción refuerza la idea de que el sistema está diseñado para beneficiar a unos pocos en detrimento de la mayoría.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido particularmente criticada por sus políticas de selección y promoción de personal. Durante la administración del ex Ministro José Ramón Cossio, se favoreció sistemáticamente a egresados de ciertas universidades de élite y a individuos con influencias políticas, en detrimento de la experiencia judicial y la carrera meritocrática. Esta preferencia no solo ha creado un sesgo ideológico conservador, sino que también ha desvalorizado el arduo trabajo y la trayectoria de muchos jueces y magistrados dedicados al servicio de la justicia, que en verdad tienen una carrera judicial.
La reforma al Poder Judicial pretende corregir estas desviaciones, buscando un sistema más inclusivo y representativo de los intereses de la población. Al poner fin a los privilegios y fomentar una mayor transparencia y responsabilidad, se espera que el Poder Judicial recupere su papel como garante de la justicia y el estado de derecho en México. El desafío ahora es implementar estas reformas de manera efectiva y asegurarse de que realmente transformen el sistema judicial en beneficio de todos los mexicanos. Con esta transformación, la derecha pierde el control que ha mantenido sobre el Poder Judicial, abriendo la puerta a un sistema más equilibrado y justo para todos.
