Alonso Quijano
En una de sus últimas acciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó Área Natural Protegida el polígono “Felipe Carrillo Puerto”, que abarca los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, e incluye los terrenos de Calica, reclamados por la minera estadounidense Vulcan Materials. Este conflicto ha llegado hasta Washington, donde congresistas y senadores estadounidenses han amenazado con sanciones hacia México.
López Obrador ha relatado cómo la empresa Vulcan, desde los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, recibió un permiso para extraer grava y arena y explotar un banco de materiales en Playa del Carmen. Sin embargo, tras violar las leyes ecológicas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el banco y el gobierno resguardó el terreno.
El decreto publicado declara área natural protegida al sitio Felipe Carrillo Puerto, prohibiendo obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de minerales, así como la apertura de bancos de material y la extracción de materiales para construcción. Solo se permitirá la preservación y conservación de los ecosistemas, investigación científica, turismo de bajo impacto ambiental, aprovechamiento forestal y la erradicación o control de especies exóticas.
El sitio Felipe Carrillo Puerto alberga 437 especies de plantas vasculares, representando el 26% de la riqueza vegetal del estado de Quintana Roo, con 44 especies endémicas. En respuesta al decreto, la minera Vulcan Materials dijo, según la agencia Reuters: “Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles”. La empresa añadió que esta expropiación es una nueva violación de los compromisos de México bajo los acuerdos comerciales de América del Norte.
En mayo pasado, López Obrador había llegado a un acuerdo con Vulcan Materials para respetar la clausura, pero descubrió que seguían extrayendo material. Vulcan Materials adquirió canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, y el gobierno mexicano ha bloqueado los permisos de extracción desde finales de 2018. La empresa ha solicitado un arbitraje bajo el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, aún sin resolución.
En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la clausura de la extracción de piedra caliza por parte de Calica, filial de Vulcan Materials. Meses después, el gobierno mexicano presentó una denuncia ante la ONU por el desastre ambiental en el sur del país. Estados Unidos reclama las tierras como suyas, y en mayo pasado, el senador Tommy Tuberville defendió a Vulcan Materials, afirmando que la hostilidad del gobierno mexicano pone en peligro la relación bilateral.
Congresistas estadounidenses han urgido a la Administración Biden a disuadir al gobierno mexicano de declarar Área Natural Protegida a las tierras, advirtiendo sobre un precedente peligroso para las relaciones comerciales y la seguridad nacional. Esta semana, senadores presentaron una iniciativa para imponer sanciones en caso de que se concrete la declaratoria, con el senador Bill Hagerty afirmando que ningún país debería intimidar a una empresa estadounidense sin consecuencias.
En octubre, López Obrador reveló que además del predio en Playa del Carmen, la compañía tiene dos mil hectáreas más concesionadas de selva. El presidente defendió que no se puede seguir usando la zona como banco de material, y propuso la compra de los terrenos por ocho mil millones de pesos, oferta que la minera declinó, prefiriendo seguir la vía del arbitraje internacional.
