Hidalgo es un estado con características únicas: su ubicación geográfica privilegiada, su riqueza natural y una población diversa compuesta por escritores, periodistas, campesinos, poetas, músicos, profesionistas y empresarios. Sin embargo, a pesar de este potencial, Hidalgo sigue siendo una de las entidades federativas más corruptas y atrasadas de México. ¿Por qué ocurre esto?
La respuesta radica en una profunda red de privilegios políticos que ha sofocado el desarrollo del estado. En lugar de promover la equidad y el respeto a los derechos humanos, las instituciones hidalguenses han sido cooptadas para simular una democracia, operando con la intención de mantener el statu quo de corrupción y privilegios en todos los niveles de gobierno.
Uno de los mayores ejemplos de esta problemática es la falta de independencia del Poder Judicial en Hidalgo. Según el artículo 94 de la Constitución Política del Estado, el gobernador tiene la facultad de nombrar a los magistrados y titulares del Tribunal Superior de Justicia. Este poder concentrado en el ejecutivo asegura que las personas que acceden a la función jurisdiccional lo hagan bajo la sombra del poder político, lo que compromete seriamente la imparcialidad y autonomía del sistema judicial.
La independencia judicial en Hidalgo no ha sido más que una quimera. La falta de autonomía presupuestaria del Poder Judicial es otro síntoma grave de esta dependencia. El presupuesto del Poder Judicial es negociado directamente con el Poder Ejecutivo, lo que deja a los jueces y magistrados en una posición vulnerable, sujetos a las presiones políticas del gobierno en turno. Además, los mecanismos establecidos para controlar a los jueces son diseñados para mantenerlos bajo el control del poder político, en lugar de proteger su autonomía.
Los presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo han ido y venido, pero ninguno ha abordado de manera seria el problema de la independencia judicial. En su mayoría, estos presidentes han sido nombrados por el gobernador, lo que perpetúa un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo y alejado de los principios de imparcialidad y justicia.
El cambio democrático que experimentó Hidalgo en 2022 ofrece una oportunidad única para reformar este sistema corrupto y desigual. La actual titular del Poder Judicial en Hidalgo tiene ante sí la posibilidad de romper con 155 años de sumisión al poder político, y transformar el Tribunal Superior de Justicia en una institución verdaderamente independiente.
Una de las propuestas más audaces en este sentido es la elección popular de jueces y magistrados del fuero común. Este cambio permitiría que los jueces respondieran directamente al pueblo y no al gobernador, lo que podría aumentar la legitimidad democrática del sistema judicial y garantizar una mayor independencia.
Imaginen un escenario en el que un ciudadano común tiene un litigio contra un político o una persona influyente en Hidalgo. En el sistema actual, las probabilidades están en su contra, ya que los jueces y magistrados, subordinados al poder político, difícilmente actuarán en contra de los intereses de aquellos que los nombraron. La elección popular de jueces podría cambiar esta dinámica, empoderando a los ciudadanos y fortaleciendo el estado de derecho.
Otra propuesta crucial es la creación de una Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo. Eduardo Ferrer Mac Gregor, un reconocido jurista mexicano y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha argumentado que la creación de esta sala es esencial para garantizar que las acciones del gobierno estatal y municipal no violen la constitución local ni los derechos humanos. Una Sala Constitucional podría actuar como un verdadero guardián de la legalidad, revisando las decisiones de los poderes municipales, legislativo y ejecutivo, y asegurando que todas las normativas y acciones gubernamentales estén alineadas con los principios constitucionales.
Además, la creación de jueces de proximidad es otra propuesta innovadora que podría transformar el acceso a la justicia en Hidalgo. Estos jueces itinerantes podrían llevar la justicia directamente a las comunidades más remotas, donde no existen tribunales, facilitando la resolución de conflictos locales y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
No obstante, la implementación de estas reformas no está exenta de desafíos. En países como Bolivia, la elección popular de jueces ha generado problemas de politización en el sistema judicial. En Hidalgo, es crucial diseñar un sistema híbrido que combine la meritocracia con la elección democrática, asegurando que los jueces sean competentes, imparciales y verdaderamente independientes.
Para lograr esto, se propone la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de dos nuevos órganos: uno encargado de la examinación y carrera judicial, y otro dedicado a la sanción de jueces. Este sistema debería incluir un ingreso único a la judicatura basado en exámenes rigurosos, con la participación de barras y colegios de abogados antes de ser electos, y un seguimiento constante del desempeño de los jueces.
En conclusión, Hidalgo tiene una oportunidad histórica para reformar su sistema judicial y avanzar hacia un futuro más justo y transparente. Sin embargo, esto solo será posible si existe un compromiso real por parte de todos los actores involucrados para romper con las viejas prácticas de corrupción y privilegio que han mantenido al estado en el atraso. La independencia judicial no es solo un requisito para la justicia; es un pilar fundamental para el desarrollo y la democracia en Hidalgo.
