Alonso Quijano
En una reciente sesión organizada por el Círculo de Reflexión y Estudio Pedro María Anaya, dirigido por Ramón Hernández, perteneciente a la Secretaría de Formación Política de Morena, se recibió al litigante en amparo, Dr Julio Gálvez para una profunda discusión sobre un tema crucial para el futuro del país: la reforma al Poder Judicial.
El Dr. Gálvez comenzó su intervención destacando que México, impulsado por el NearShoring y los proyectos estratégicos del presidente AMLO, se está posicionando rápidamente como una potencia económica emergente. Sin embargo, subrayó que, a pesar de estos avances, el país enfrenta serios desafíos en su sistema de impartición de justicia. Según el World Justice Project, México se encuentra entre los últimos países en términos de calidad del sistema judicial, debido principalmente a la corrupción endémica que inhibe tanto la inversión extranjera como la privada.
Este déficit en la justicia no solo mina la confianza en las instituciones, sino que también frena el desarrollo económico. La corrupción y la falta de respeto a la carrera judicial han escalado, socavando los valores y la ética que, según el gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don Arturo Serrano Robles, deberían ser los pilares fundamentales del Poder Judicial. La erosión de estos principios subraya la urgencia de una reforma judicial profunda.
El Dr. Gálvez recordó cómo en el pasado los cargos judiciales eran ocupados por personal experimentado; los secretarios, por ejemplo, eran personas mayores con una vasta experiencia en asuntos. Sin embargo, señaló que con el tiempo comenzaron a llegar los ministros de Calderón como José Ramón Cossio, impulsando jóvenes egresados del ITAM, y se priorizó la formación en universidades de élite o extranjeras por encima de los valores judiciales, la experiencia y la carrera en el Poder Judicial.
Haciendo una mención especial a Don Arturo Serrano Robles, fundador del Instituto de Especialización Judicial, el Dr. Gálvez relató cómo este notable juzgador dedicó su vida a la judicatura, renunciando incluso a ser Ministro de la Corte para cuidar a su madre enferma. Serrano Robles creía que un verdadero juzgador debía entregarse por completo a su labor, un valor que, según Gálvez, se ha perdido en el sistema judicial actual, donde los cargos han dejado de ser honorarios y los valores judiciales se han erosionado porque los funcionarios buscan como fin el dinero.
Con la llegada de la Cuarta Transformación, la reforma al Poder Judicial ha cobrado una nueva relevancia. Entre las propuestas emergentes se encuentra la elección popular de jueces, una medida que ha sido objeto de debate en varios países como una posible solución para combatir la impunidad. Durante la sesión, se exploraron diversos modelos de judicatura, los beneficios y desafíos de la elección popular de jueces, y cómo esta podría ser una solución efectiva para los problemas de impunidad en México.
En países como Estados Unidos y Suiza, se han desarrollado modelos híbridos que combinan diferentes métodos para la designación de autoridades judiciales. Estos modelos sugieren que no existe un sistema único y perfecto, sino que se pueden adaptar diversos enfoques para mejorar la eficiencia y legitimidad del sistema judicial. En este contexto, la elección popular de jueces se presenta como una opción que podría fortalecer la legitimidad democrática del sistema judicial mexicano.
No obstante, el Dr. Gálvez advirtió sobre los desafíos observados en la experiencia boliviana con la elección popular de jueces. En Bolivia, la Constitución establece que las altas autoridades judiciales son electas por votación democrática, lo cual puede comprometer la independencia judicial, que debería garantizarse a través de una carrera meritocrática. Además, las autoridades judiciales en Bolivia tienen un mandato de seis años sin posibilidad de reelección, lo que plantea interrogantes sobre cómo atraer a los mejores profesionales y qué funciones pueden desempeñar después de su mandato.
Para México, el Dr. Gálvez propuso un sistema híbrido que combine elementos de la carrera judicial con la elección democrática de jueces. Se sugiere la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de dos nuevos órganos: uno encargado de la examinación y carrera judicial, y otro dedicado a la sanción de jueces. Este sistema debería incluir un ingreso único a la judicatura basado en exámenes rigurosos, con la participación de barras y colegios de abogados, y un seguimiento constante del desempeño de los jueces. Además, se revisaría la duración de los periodos de funciones de las autoridades judiciales para asegurar estabilidad y continuidad, priorizando la formación con valores judiciales y la ética.
La implementación de la elección popular de jueces en México podría tener beneficios significativos, como un mandato directo del pueblo que aumente la confianza pública en el sistema judicial. Sin embargo, también existen riesgos, como la posible politización del sistema judicial y la necesidad de asegurar que los jueces electos cuenten con las competencias y la integridad necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
En resumen, el Dr. Gálvez concluyó que México necesita una reforma judicial que, además de considerar la elección popular de jueces, fortalezca los valores judiciales fundamentales. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo y confiable, que contribuya al desarrollo del país y a la consolidación de su posición como potencia económica emergente.
