Julio Gálvez
En medio del intenso debate sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, una cuestión fundamental ha pasado desapercibida: la transparencia en las cuentas de jueces y magistrados. La reforma impulsada por el Presidente, que incluye la elección popular de jueces y magistrados, ha capturado la atención pública y política, pero es crucial que este debate también se centre en asegurar que quienes imparten justicia lo hagan con integridad y sin beneficios ocultos.
La propuesta de elección popular, aunque polémica, tiene un potencial democratizador al permitir que el pueblo participe directamente en la selección de sus jueces. Sin embargo, para que esta medida sea efectiva y no se convierta en una simple formalidad, es indispensable que los futuros jueces y magistrados estén sometidos a un riguroso escrutinio financiero. La transparencia en sus ingresos y la garantía de que no reciben ninguna otra percepción fuera de su salario deben ser pilares fundamentales de esta reforma.
Históricamente, el Poder Judicial ha sido visto como un espacio de privilegios, alejado de las realidades y necesidades del pueblo. Los altos salarios y beneficios de los jueces y magistrados, aunque justificados como necesarios para garantizar su independencia, han levantado sospechas sobre la posibilidad de ingresos adicionales o favores que pudieran comprometer su imparcialidad. En un contexto donde la corrupción sigue siendo un flagelo que afecta a todas las instituciones del país, es vital que el Poder Judicial se distinga no solo por su independencia, sino por su integridad y transparencia.
La justicia no debería ser solo un trabajo bien remunerado, sino un honor y una responsabilidad cívica de la más alta importancia. Los jueces y magistrados deben entender que su salario, otorgado por el Estado y financiado por los contribuyentes, es suficiente para desempeñar su labor con dignidad y ética. No debería haber lugar para percepciones adicionales, comisiones ocultas o cualquier forma de ingreso que pudiera comprometer su imparcialidad.
Por ello, una parte esencial de la reforma al Poder Judicial debe incluir mecanismos estrictos de auditoría y transparencia financiera para todos los miembros del Poder Judicial. Estas medidas no solo fortalecerían la confianza pública en el sistema judicial, sino que también garantizarían que los jueces y magistrados están realmente comprometidos con su misión de impartir justicia, sin distracciones o influencias externas.
La creación de un sistema de control y transparencia robusto, que permita al público y a las autoridades revisar las cuentas y declaraciones patrimoniales de los jueces y magistrados, es una necesidad urgente. Este sistema debe incluir sanciones claras y contundentes para quienes intenten ocultar ingresos o recibir beneficios adicionales. Solo así se podrá asegurar que la elección popular de jueces, de concretarse, realmente represente un avance en la democratización y no un mero cambio superficial en la estructura del Poder Judicial.
En resumen, la reforma judicial no solo debe enfocarse en la elección de los jueces, sino también en la implementación de mecanismos de transparencia que aseguren que quienes ocupen estos cargos lo hagan con honor y dedicación, comprometidos únicamente con la justicia y con el bienestar de la sociedad. Transparencia y rendición de cuentas deben ser los pilares sobre los que se construya el futuro del Poder Judicial en México.
