Alonso Quijano.
En una conferencia de prensa realizada por los habitantes de la ranchería de Pueblo Nuevo, se desmintieron los rumores sobre la existencia de acuerdos para la apertura de la carretera Pachuca-Huejutla en su tramo Real del Monte-Huasca como ha anunciado con bombo y platillo la SICT. Los pobladores afirmaron categóricamente que cuentan con una suspensión definitiva otorgada por el Juez Tercero de Distrito en Hidalgo, la cual impide la continuación de la construcción de dicha carretera en el tramo mencionado.
Durante la conferencia, los pobladores recordaron que su comunidad cuenta con un decreto presidencial emitido en 1924, que les dotó de tierras privadas para su desarrollo, pero bajo un régimen comunal. Este régimen establece que las tierras comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, protegiendo así el patrimonio de la ranchería de Pueblo Nuevo.
El Dr. Julio Gálvez, director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y abogado de la comunidad, señaló que el gobierno del exgobernador Omar Fayad solicitó en dos ocasiones recursos federales para el pago de las afectaciones generadas por la construcción de la carretera. Sin embargo, los pagos fueron realizados a personas que acreditaron la propiedad de las tierras con escrituras basadas en jurisdicciones voluntarias, es decir, títulos supletorios de propiedad que carecen de validez en este contexto. Gálvez también denunció que el gobierno de Hidalgo ha permitido durante décadas la invasión de terrenos por parte de políticos acaudalados (como Emilio Lozoya en Huasca), quienes han construido cabañas en tierras comunales robadas del predio Bosques de Pueblo Nuevo, propiedad legítima de los comuneros.
El abogado aclaró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha intentado establecer un acuerdo con la comunidad, pero sus propuestas han estado condicionadas a no reconocer el decreto presidencial de 1924, lo que beneficiaría a los políticos que actualmente se encuentran en posesión de cabañas y terrenos que pertenecen al pueblo. Gálvez insistió en que es imposible que esos políticos tengan escrituras válidas, ya que las tierras comunales, según el decreto de 1924, no pueden ser vendidas, transferidas ni embargadas.
Finalmente, advirtió que si la SICT sigue sin reconocer el decreto que protege las tierras comunales de Pueblo Nuevo, la comunidad tomará otras medidas, incluyendo la retirada de cualquier infraestructura construida por el gobierno sobre sus terrenos. Gálvez subrayó que la defensa de las tierras comunales es un acto de justicia frente a la protección de intereses políticos y señaló que parece que las autoridades federales están más interesadas en defender los intereses del gobierno de Fayad que en cumplir con el mandato del gobierno del presidente López Obrador.
PD. Los pobladores pidieron compresión del presidente AMLO y del gobernador Menchaca, porque han sido víctimas de saqueos durante muchos años, ya que como es posible que existan escrituras frente a un decreto presidencial.
