Alonso Quijano
En el primer minuto del 19 de agosto de 2024, el Poder Judicial de la Federación se paralizó. Trabajadores de diversas sedes iniciaron un paro de labores nacional e indefinido en rechazo a la Reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este movimiento, que ya se extiende a distintas regiones del país, se ha convertido en una manifestación significativa de resistencia contra lo que muchos ven como una amenaza directa a la independencia judicial en México.
El paro comenzó al unísono con gritos de "Todos somos uno y uno somos todos", "Poder Judicial", "Todos somos Poder Judicial" y "¡Viva el Poder Judicial!", resonando en la madrugada frente al Consejo de la Judicatura Federal, en San Lázaro, Ciudad de México. Como acto simbólico, los manifestantes cerraron con cadenas y candados la entrada del edificio, una señal clara de su determinación de proteger la autonomía de una de las instituciones más importantes del país.
Las manifestaciones se han extendido rápidamente a otras regiones, incluyendo Naucalpan, Toluca, Puebla y Tlaxcala, y han contado con el respaldo de algunos jueces y magistrados. No obstante, la respuesta oficial del gremio judicial se encuentra en la votación organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que se llevará a cabo hoy, lunes 19 de agosto, para decidir si se suspenderán temporalmente las actividades jurisdiccionales en protesta por la Reforma Judicial. En caso de que la mayoría vote a favor, la suspensión de labores se iniciará el miércoles 21 de agosto, dejando solo juzgados y tribunales de guardia para atender casos urgentes.
La preocupación en el Poder Judicial no es nueva. Desde el pasado 16 de agosto, jueces, magistrados y trabajadores del sector han utilizado las redes sociales para advertir sobre las posibles consecuencias negativas de la Reforma Judicial. En un documento ampliamente difundido, subrayaron la necesidad de tomar medidas drásticas, como la suspensión de actividades, para proteger la independencia judicial y evitar un retroceso en la calidad de la justicia en el país. La JUFED ha insistido en que en la historia de México no existe un precedente similar de estas acciones, lo que refleja la gravedad de la situación actual.
A pesar de la decisión de emprender este paro, la JUFED ha mantenido abierta la puerta al diálogo. La asociación se ha mostrado dispuesta a negociar y alcanzar un consenso que mejore la impartición de justicia en México. Subrayan que la suspensión solo se levantará si las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la JUFED lo aprueban, destacando la necesidad de mantener la fortaleza ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En medio de este conflicto, queda claro que el Poder Judicial está en una encrucijada histórica. La protesta masiva y el paro nacional reflejan el profundo desacuerdo con la Reforma Judicial de AMLO, y el futuro de la justicia en México pende de un hilo. La disposición al diálogo, sin embargo, sugiere que aún existe una oportunidad para llegar a una solución que fortalezca, en lugar de debilitar, a una de las instituciones clave del Estado mexicano.
