Alonso Quijano
En el corazón del Poder Judicial en México, parece que se cierne una sordera institucional, una incapacidad para escuchar el descontento popular que crece día a día. Mientras los tribunales y juzgados federales continúan actuando en favor de los potentados y privilegiados, la realidad del nepotismo y las redes familiares dentro de este poder es cada vez más evidente, socavando la confianza pública y la equidad en la impartición de justicia.
El Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, pieza central del Plan Integral de Combate al Nepotismo implementado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ha revelado cifras alarmantes sobre la existencia de "redes familiares" en el Poder Judicial. Según los datos recabados en 2022, en los tribunales y juzgados federales existían 6,755 de estas redes, que reflejan la infiltración del nepotismo en el corazón del sistema judicial.
Un análisis descriptivo de este padrón revela que el 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos admitieron tener parientes trabajando dentro de la Judicatura. La situación es aún más grave entre los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios, donde el 57 por ciento reconoció desarrollar su carrera judicial en un entorno familiar. Estas redes abarcan desde relaciones entre dos personas hasta la asombrosa cifra de 79 parientes dentro de la Judicatura.
El fenómeno no es homogéneo en todo el país. Mientras el vigesimonoveno circuito judicial, correspondiente a Hidalgo, presenta el menor porcentaje de personas activas que declararon relaciones familiares (37 por ciento), los circuitos en Jalisco y Sinaloa muestran los porcentajes más altos, con 58 por ciento. Esta tendencia refleja un problema sistémico que atraviesa todo el país, afectando la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial.
Los datos, aunque alarmantes, no han propiciado cambios significativos. Directivos del CJF admitieron que, hasta agosto de 2022, el 56 por ciento de las relaciones familiares se daban entre servidores públicos que laboran en el mismo circuito judicial. Esta práctica perniciosa se perpetúa y los nombres de quienes forman parte de estas redes permanecen ocultos, al igual que los detalles del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, que sigue sin ser de acceso público.
El origen de este padrón se remonta al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2020, que implementó el Plan Integral de Combate al Nepotismo. Este acuerdo obliga a los miembros del CJF a registrar sus relaciones de pareja y familiares, buscando desmantelar las redes de nepotismo. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora muestran que el problema persiste, e incluso afecta a aquellos funcionarios considerados "inactivos", quienes, pese a estar jubilados, de licencia o haber renunciado, mantienen familiares en plazas del CJF.
En total, se recibió información de 56,201 personas en 2022, de las cuales 48,430 estaban activas al momento del corte informativo, y el 49 por ciento de estos servidores públicos declaró tener al menos una relación familiar con otra persona dentro del CJF. Las "redes familiares" incluyen vínculos que van desde relaciones de pareja hasta conexiones más distantes como primos o cuñados, predominando los vínculos con primos (24 por ciento) y hermanos (21 por ciento).
Uno de los casos más extremos documentados en 2022 es el de un secretario del decimosegundo circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa, quien posee 26 relaciones familiares dentro del CJF, incluyendo a un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales judiciales nivel C. Estas relaciones forman una red de 79 servidores públicos, de los cuales 14 están inactivos, demostrando la profundidad y extensión del nepotismo en ciertos circuitos.
La existencia de estas redes familiares, especialmente dentro de un poder que debería ser imparcial y justo, plantea serios cuestionamientos sobre la integridad del sistema judicial en México. A medida que el descontento social crece, se vuelve imperativo que el Poder Judicial tome medidas decisivas para erradicar estas prácticas, transparentar su funcionamiento y garantizar que la justicia en México no siga siendo un asunto de conexiones familiares, sino de méritos y principios.
