México se está posicionando rápidamente como una potencia económica emergente, impulsado por el NearShoring y los proyectos estratégicos del presidente AMLO. Sin embargo, a pesar de estos avances económicos, el país enfrenta serios desafíos en su sistema de impartición de justicia. El Word Justice Project coloca a México entre los últimos países en términos de calidad del sistema judicial, principalmente debido a la corrupción endémica que inhibe tanto la inversión extranjera como privada.
Este déficit en la justicia no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también frena el desarrollo económico. La corrupción y la falta de respeto a la carrera judicial han escalado, socavando los valores y la ética que, según el gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don Arturo Serrano Robles, deberían ser pilares fundamentales del poder judicial. La erosión de estos principios subraya la urgencia de una reforma judicial profunda.
Con el triunfo de la cuarta transformación en las elecciones presidenciales, la reforma del poder judicial ha cobrado relevancia. Una de las propuestas que ha surgido es la elección popular de jueces, una medida debatida en varios países como una posible solución para combatir la impunidad. Aquí exploraremos brevemente los modelos de judicatura, los beneficios y desafíos de la elección popular de jueces, y cómo esta podría ser una solución efectiva para los problemas de impunidad en México.
En sistemas judiciales modernos como los de Estados Unidos y Suiza, se han desarrollado modelos híbridos que combinan diferentes métodos para la designación de autoridades judiciales. Estos modelos sugieren que no existe un sistema único y perfecto, sino que se pueden adaptar diversos enfoques para mejorar la eficiencia y legitimidad del sistema judicial. La noción de un modelo ideal de judicatura incluye considerar la organización judicial como una estructura coherente e interconectada, y no solo como un cúmulo de normas aisladas. En este contexto, la elección popular de jueces se presenta como una opción que podría fortalecer la legitimidad democrática del sistema judicial mexicano.
No obstante, la experiencia boliviana con la elección popular de jueces revela ciertos desafíos. La Constitución boliviana establece que las altas autoridades judiciales son electas por votación democrática, lo cual plantea algunas contradicciones. Un juez de carrera no puede aspirar a convertirse en magistrado o ministro solo por sus méritos, sino que debe pasar por una fase democrática. Esta aparente contradicción puede comprometer la independencia judicial, que debería garantizarse a través de una carrera meritocrática. Además, las autoridades judiciales en Bolivia tienen un mandato de seis años y no pueden ser reelegidas, lo que plantea preguntas sobre cómo atraer a los mejores profesionales y qué funciones pueden desempeñar después de su mandato.
Para México y sus entidades federativas, se propone considerar un sistema híbrido que combine elementos de la carrera judicial con la elección democrática de jueces. El Consejo de la Judicatura debería transformarse en un órgano disciplinario e independiente del Poder Judicial, compuesto mayoritariamente por jueces, magistrados o ministros con experiencia, electos por el Senado para garantizar legitimidad democrática y experiencia técnica. Debería existir un sistema de ingreso único a la judicatura basado en exámenes y evaluaciones rigurosas, además de la participación de las barras y colegios de abogados, así como un seguimiento constante del desempeño de los jueces. Los periodos de funciones de las autoridades judiciales deberían revisarse, para asegurar estabilidad y continuidad de quienes se encuentren formados con valores judiciales. Asimismo, el Consejo de la Judicatura debería realizar evaluaciones constantes del desempeño judicial y ser responsable de la preselección de candidatos para que las personas tengan la preparación correcta, pero sobre todo la ética judicial.
Implementar la elección popular de jueces en México podría traer varios beneficios significativos. Los jueces electos por voto popular tendrían un mandato directo del pueblo, lo que aumentaría la confianza pública en el sistema judicial. La elección popular puede fomentar una mayor responsabilidad y transparencia, ya que los jueces deben rendir cuentas directamente a la ciudadanía. Además, al tener jueces que reflejen la voluntad popular, se podría reducir la impunidad al asegurar que las decisiones judiciales sean más representativas de las demandas sociales de justicia.
No obstante, también existen desafíos que deben ser considerados. Existe el riesgo de que el proceso electoral politice el sistema judicial, comprometiendo la imparcialidad y la independencia de los jueces. Se debe asegurar que los jueces electos por voto popular cuenten con las competencias y la integridad necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
En este orden de ideas, la elección popular de jueces en México podría ser una medida conveniente para combatir la impunidad, siempre y cuando se implementen mecanismos que garanticen la independencia judicial, la transparencia y la meritocracia. Aprendiendo de las experiencias de otros países y adaptando un modelo híbrido, México puede fortalecer su sistema judicial y avanzar hacia una justicia más equitativa y confiable.
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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es apartidista, Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional, maestría en Ciencias Jurídicas y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.
Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico a través del tema activismo judicial fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la teenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial”, Editorial Porrúa, presidida por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el doctor Fernado Silva García. Actualmente es Director General del Semanario Nuevo Gráfico y Director General del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), así como activista, consultor y asesor.
