Julio Gálvez
En Hidalgo, como en muchas otras regiones del país, los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la perpetuación de un sistema de "capitalismo de cuates". Este sistema, que se impuso en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, coincidente con el gobierno de Jesús Murillo Karam en Hidalgo, ha permitido que un grupo selecto de políticos y empresarios se apoderen del poder para amasar fortunas a costa del erario público sin importar partido político.
Este círculo de poder, compuesto por las mismas familias y sus allegados, se ha beneficiado del gobierno, utilizando prestanombres y manipulando recursos para su propio enriquecimiento.
Para mantener este sistema en funcionamiento, es esencial controlar la narrativa pública. Aquí es donde entran en juego los medios de comunicación "chayoteros", aquellos que reciben pagos y beneficios a cambio de reproducir el discurso oficial y manipular la percepción de la población. Esta manipulación no es un fenómeno nuevo, pero su sofisticación y alcance se han intensificado con el tiempo, especialmente en un contexto donde los medios digitales han adquirido una mayor influencia.
El libro "Homo Videns" de Giovanni Sartori describe cómo la televisión, el internet y los medios visuales han transformado a la sociedad en espectadores pasivos, incapaces de reflexionar críticamente sobre la información que consumen. Esta transformación ha sido aprovechada por los gobiernos y las élites económicas para moldear la opinión pública y legitimar sus acciones. En Hidalgo, esta teoría encuentra un reflejo claro en la forma en que los medios chayoteros, comprados y controlados por el gobierno, han adoctrinado a la población para aceptar y normalizar la corrupción y el desvío de recursos.
Un ejemplo reciente y alarmante de esta manipulación es el caso del consorcio Latinus, un medio de comunicación que ha recibido jugosos contratos de diversos gobiernos estatales, incluyendo Hidalgo, desde 2018. Durante la administración de Omar Fayad, se otorgaron contratos millonarios a dos empresas del consorcio para servicios de salud, pero en realidad, estos fondos fueron desviados para otros fines dentro del grupo empresarial. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que, desde 2019, Latinus ha recibido más de dos mil 437 millones de pesos en fondos públicos, destinados originalmente a la compra de medicinas y servicios de salud, pero que terminaron en manos de accionistas y periodistas dentro del consorcio.
Este caso no solo evidencia el daño financiero causado por estas prácticas corruptas, sino también el grave impacto en la confianza pública y en la calidad de los servicios esenciales, como la salud.
El adoctrinamiento político en Hidalgo, impulsado desde los medios de comunicación comprados por el gobierno, ha logrado mantener el control de la narrativa y, por ende, del poder. Pero este control no sería posible sin una ciudadanía que, al igual que el "Homo Videns" de Sartori, ha sido transformada en una audiencia pasiva, desinformada y, en muchos casos, cómplice involuntaria de la corrupción que sigue devastando el estado.
Este caso subraya la necesidad urgente de una mayor vigilancia y transparencia en el manejo de fondos públicos y en el funcionamiento de los medios de comunicación. Además, es imperativo exigir una rendición de cuentas efectiva para aquellos que abusan de su posición para lucro personal, afectando directamente a la población que debería beneficiarse de esos recursos. La lucha contra el capitalismo de cuates y los medios chayoteros es, en última instancia, una lucha por la democracia y la justicia en Hidalgo y en todo México.
Para mantener este sistema en funcionamiento, es esencial controlar la narrativa pública. Aquí es donde entran en juego los medios de comunicación "chayoteros", aquellos que reciben pagos y beneficios a cambio de reproducir el discurso oficial y manipular la percepción de la población. Esta manipulación no es un fenómeno nuevo, pero su sofisticación y alcance se han intensificado con el tiempo, especialmente en un contexto donde los medios digitales han adquirido una mayor influencia.
El libro "Homo Videns" de Giovanni Sartori describe cómo la televisión, el internet y los medios visuales han transformado a la sociedad en espectadores pasivos, incapaces de reflexionar críticamente sobre la información que consumen. Esta transformación ha sido aprovechada por los gobiernos y las élites económicas para moldear la opinión pública y legitimar sus acciones. En Hidalgo, esta teoría encuentra un reflejo claro en la forma en que los medios chayoteros, comprados y controlados por el gobierno, han adoctrinado a la población para aceptar y normalizar la corrupción y el desvío de recursos.
Un ejemplo reciente y alarmante de esta manipulación es el caso del consorcio Latinus, un medio de comunicación que ha recibido jugosos contratos de diversos gobiernos estatales, incluyendo Hidalgo, desde 2018. Durante la administración de Omar Fayad, se otorgaron contratos millonarios a dos empresas del consorcio para servicios de salud, pero en realidad, estos fondos fueron desviados para otros fines dentro del grupo empresarial. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que, desde 2019, Latinus ha recibido más de dos mil 437 millones de pesos en fondos públicos, destinados originalmente a la compra de medicinas y servicios de salud, pero que terminaron en manos de accionistas y periodistas dentro del consorcio.
Este caso no solo evidencia el daño financiero causado por estas prácticas corruptas, sino también el grave impacto en la confianza pública y en la calidad de los servicios esenciales, como la salud.
El adoctrinamiento político en Hidalgo, impulsado desde los medios de comunicación comprados por el gobierno, ha logrado mantener el control de la narrativa y, por ende, del poder. Pero este control no sería posible sin una ciudadanía que, al igual que el "Homo Videns" de Sartori, ha sido transformada en una audiencia pasiva, desinformada y, en muchos casos, cómplice involuntaria de la corrupción que sigue devastando el estado.
Este caso subraya la necesidad urgente de una mayor vigilancia y transparencia en el manejo de fondos públicos y en el funcionamiento de los medios de comunicación. Además, es imperativo exigir una rendición de cuentas efectiva para aquellos que abusan de su posición para lucro personal, afectando directamente a la población que debería beneficiarse de esos recursos. La lucha contra el capitalismo de cuates y los medios chayoteros es, en última instancia, una lucha por la democracia y la justicia en Hidalgo y en todo México.
