Julio Gálvez
Querían pasarla al vapor, sin mucho ruido, y sin embargo, la llamada "Ley de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos" ha generado un rechazo que no podían prever. Desde su nombre, esta ley ya causa desconcierto, pues amalgama dos labores completamente distintas: la de un periodista y la de un defensor de derechos humanos.
El periodista tiene como base fundamental la libertad de expresión y la libertad de prensa, derechos consagrados en la Constitución Federal, que no pueden ser limitados ni regulados por una ley del Congreso local. Estos derechos son el pilar de una prensa libre e independiente, y cualquier intento de regularlos a nivel local podría interpretarse como un intento de censura.
Por otro lado, los defensores de derechos humanos, aunque también hacen uso de la libertad de expresión, tienen una función distinta: la defensa de los derechos ante los tribunales. Su principal herramienta es el juicio de amparo, el único medio coercitivo con el que un ciudadano puede enfrentarse al poder. Equiparar a periodistas y defensores de derechos humanos bajo una misma ley no solo es absurdo, sino también peligroso, pues diluye las funciones y responsabilidades de cada uno.
Es evidente que al gobierno le conviene esta confusión. En Hidalgo, hemos visto cómo pseudoactivistas y periodistas "chayoteros" son elevados a la categoría de defensores de derechos humanos o periodistas, solo porque les conviene al poder. Es ridículo, pero no sorprendente, ver cómo estos personajes se convierten en directores dentro del gobierno simulador de Menchaca, legitimando con sus voces las acciones del poder.
Un verdadero periodista o defensor de los derechos humanos nunca se aliaría con políticos ni hablaría bien de ellos en sus medios. La proximidad entre estos actores y el poder es, en sí misma, una traición a los principios de independencia y objetividad que deberían guiar su labor.
En Hidalgo, se ha impuesto un "capitalismo de cuates", donde un grupo selecto de políticos se ha apoderado del gobierno para volverse millonarios al amparo del poder. Y para lograr sus fines, necesitan de los medios de comunicación "chayoteros", esos que legitiman sus acciones corruptas a cambio de prebendas y favores. No es casualidad que estos mismos medios que antes alababan al PRI, ahora hagan lo propio con el gobierno de Morena. La lealtad no es al partido, sino al poder y al dinero.
La farsa es evidente, y lo más gracioso (si es que se puede reír de algo tan triste) es que ya nadie les cree. El pueblo está más informado que nunca, y no pueden seguir engañándolo con las mismas tácticas de siempre.
El rechazo a la inclusión de esta ley en la sesión extraordinaria de la LXV Legislatura fue un claro mensaje. Periodistas y activistas expresaron su desacuerdo con una ley que no ha sido debidamente socializada con los sectores involucrados. En una reunión con el diputado Alejandro Enciso Arellano y su suplente, Roberto Rico Ruiz, se presentaron varios puntos polémicos que revelaron la falta de transparencia y la mala fe detrás de esta propuesta.
Uno de los aspectos más preocupantes es la inclusión de un representante de la Coordinación de Comunicación Social en la Junta de Gobierno, el órgano máximo de la ley. Este representante no solo no funge como figura de protección, sino que su inclusión es un intento descarado de control gubernamental. Además, la Junta de Gobierno cuenta con una representación mayoritaria de funcionarios, lo que plantea una pregunta alarmante: ¿qué pasará si estos mismos funcionarios son quienes cometen abusos contra periodistas o activistas?
Los activistas, por su parte, han sido ignorados en la elaboración de esta ley. La mayoría se enteró "de chiripa" y, cuando finalmente escucharon la propuesta, se dieron cuenta de que se pretende crear un mecanismo similar al de atención a víctimas, que ya ha demostrado ser ineficaz. Algunos activistas han señalado que están actualmente amenazados y que ni el gobierno estatal ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) han dado seguimiento a sus casos.
Es claro que esta ley no está diseñada para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, sino para controlar y silenciar a quienes realmente luchan por la verdad y la justicia. El pueblo de Hidalgo debe estar alerta y no permitir que esta farsa se imponga sin resistencia.
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Seguramente los empleados de Fayad, buscan controlar a los periodistas y activistas hidalguenses, para alinearlos a sus intereses.
