En México la justicia se usa con fines políticos.
María Gil
En un episodio que refleja las complejidades y contradicciones del sistema de justicia mexicano, anoche se vivió un incidente insólito en la colonia Roma de la Ciudad de México. Personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener al exgobernador de ese estado, Javier Corral Jurado, acusado de actos de corrupción durante su mandato entre 2016 y 2021. Sin embargo, lo que debería haber sido una operación coordinada entre las autoridades de Chihuahua y la capital, terminó con la liberación del exmandatario gracias a la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.
Los cargos contra Corral no son menores. Está acusado de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, incluyendo la omisión en la declaración de un terreno de 15 hectáreas valuado en 4 millones de pesos y un adeudo fiscal de 60 mil pesos por impuesto predial. Sin embargo, en lugar de ser arrestado y enfrentar las consecuencias de sus presuntos actos, Corral fue liberado gracias a lo que parece ser una muestra evidente de protección institucional.
Los hechos ocurrieron en el restaurante Gin Gin, donde un grupo de agentes notificó a Corral sobre su detención. En videos que circularon ampliamente en redes sociales, se puede escuchar al exgobernador insistir en que "ustedes no tienen competencia, aquí ustedes no tienen autorización para hacerlo directamente". Minutos después, el propio Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, apareció en la escena para interceder a favor de Corral, alegando que “decidimos no colaborar” en la captura.
Lara no sólo impidió la detención, sino que, en un acto que desafía cualquier estándar de justicia imparcial, ayudó personalmente a Corral a retirarse del lugar, facilitándole el ascenso a una camioneta roja en medio de un tumulto de personas. ¿Qué motivó a Ulises Lara a tomar una decisión tan polémica? Según sus propias palabras, la captura habría sido ilegal porque “no puede personal de otras entidades ejecutar órdenes de aprehensión sin conocimiento y aceptación de la Fiscalía capitalina”. Sin embargo, la rapidez con la que Lara actuó y la protección que brindó a Corral, dejan más preguntas que respuestas.
Este incidente pone en entredicho la colaboración entre las fiscalías estatales y capitalinas, y más aún, plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las autoridades en casos de alto perfil. Mientras la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua guarda silencio respecto a la orden de arresto de Corral, en la Ciudad de México las autoridades lo encubrieron, dejando al exgobernador en libertad y su paradero actual en misterio.
En el fondo, este caso es un recordatorio de cómo el poder y la influencia pueden distorsionar el curso de la justicia en México. Corral, quien alguna vez se presentó como un paladín anticorrupción, ahora se encuentra en el centro de una controversia que podría manchar irreparablemente su legado político. Y mientras tanto, la ciudadanía se pregunta: ¿cuándo veremos un verdadero compromiso con la justicia y la rendición de cuentas en nuestro país?
En un episodio que refleja las complejidades y contradicciones del sistema de justicia mexicano, anoche se vivió un incidente insólito en la colonia Roma de la Ciudad de México. Personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener al exgobernador de ese estado, Javier Corral Jurado, acusado de actos de corrupción durante su mandato entre 2016 y 2021. Sin embargo, lo que debería haber sido una operación coordinada entre las autoridades de Chihuahua y la capital, terminó con la liberación del exmandatario gracias a la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.
Los cargos contra Corral no son menores. Está acusado de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, incluyendo la omisión en la declaración de un terreno de 15 hectáreas valuado en 4 millones de pesos y un adeudo fiscal de 60 mil pesos por impuesto predial. Sin embargo, en lugar de ser arrestado y enfrentar las consecuencias de sus presuntos actos, Corral fue liberado gracias a lo que parece ser una muestra evidente de protección institucional.
Los hechos ocurrieron en el restaurante Gin Gin, donde un grupo de agentes notificó a Corral sobre su detención. En videos que circularon ampliamente en redes sociales, se puede escuchar al exgobernador insistir en que "ustedes no tienen competencia, aquí ustedes no tienen autorización para hacerlo directamente". Minutos después, el propio Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, apareció en la escena para interceder a favor de Corral, alegando que “decidimos no colaborar” en la captura.
Lara no sólo impidió la detención, sino que, en un acto que desafía cualquier estándar de justicia imparcial, ayudó personalmente a Corral a retirarse del lugar, facilitándole el ascenso a una camioneta roja en medio de un tumulto de personas. ¿Qué motivó a Ulises Lara a tomar una decisión tan polémica? Según sus propias palabras, la captura habría sido ilegal porque “no puede personal de otras entidades ejecutar órdenes de aprehensión sin conocimiento y aceptación de la Fiscalía capitalina”. Sin embargo, la rapidez con la que Lara actuó y la protección que brindó a Corral, dejan más preguntas que respuestas.
Este incidente pone en entredicho la colaboración entre las fiscalías estatales y capitalinas, y más aún, plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las autoridades en casos de alto perfil. Mientras la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua guarda silencio respecto a la orden de arresto de Corral, en la Ciudad de México las autoridades lo encubrieron, dejando al exgobernador en libertad y su paradero actual en misterio.
En el fondo, este caso es un recordatorio de cómo el poder y la influencia pueden distorsionar el curso de la justicia en México. Corral, quien alguna vez se presentó como un paladín anticorrupción, ahora se encuentra en el centro de una controversia que podría manchar irreparablemente su legado político. Y mientras tanto, la ciudadanía se pregunta: ¿cuándo veremos un verdadero compromiso con la justicia y la rendición de cuentas en nuestro país?
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