Alonso Quijano
Después de tres años fuera del país y evadiendo a la justicia mexicana, Ricardo Anaya, excandidato presidencial en 2018 y exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), ha vuelto a México. Este sábado, Anaya se registró como senador plurinominal, marcando un regreso desafiante a la política, a pesar de las graves acusaciones que aún pesan en su contra.
En una breve entrevista para el periódico Reforma, Anaya declaró estar “muy contento y con ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado”. Sin embargo, sus palabras suenan huecas para muchos, considerando que abandonó México en 2021 justo cuando la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación por presuntos sobornos en su contra.
La FGR acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para votar a favor de la controvertida Reforma Energética, la cual favoreció a empresas extranjeras como Odebrecht. Este acto de corrupción no es más que otra mancha en el historial de un político que, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, optó por esconderse.
Tras su breve declaración, Anaya se retiró rápidamente en una camioneta blanca, evitando responder más preguntas de los medios. Su retorno al país y su nueva posición como senador del PAN parecen ser un intento desesperado por recuperar relevancia política y, tal vez, buscar protección legal ante las graves acusaciones que lo acechan.
Ricardo Anaya, quien en su momento prometió recorrer todo México, decidió en su lugar refugiarse en Atlanta durante años. Hoy regresa no para servir al país, sino para seguir su agenda personal y proteger sus intereses, convirtiéndose en otro ejemplo más de la impunidad que afecta a la política mexicana.
Su retorno al Senado es una señal alarmante de que la corrupción sigue encontrando refugio en los más altos niveles del gobierno. Anaya, un político que ha demostrado ser más leal a sus intereses personales que a la nación, no merece ocupar una posición de poder.
En una breve entrevista para el periódico Reforma, Anaya declaró estar “muy contento y con ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado”. Sin embargo, sus palabras suenan huecas para muchos, considerando que abandonó México en 2021 justo cuando la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación por presuntos sobornos en su contra.
La FGR acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para votar a favor de la controvertida Reforma Energética, la cual favoreció a empresas extranjeras como Odebrecht. Este acto de corrupción no es más que otra mancha en el historial de un político que, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, optó por esconderse.
Tras su breve declaración, Anaya se retiró rápidamente en una camioneta blanca, evitando responder más preguntas de los medios. Su retorno al país y su nueva posición como senador del PAN parecen ser un intento desesperado por recuperar relevancia política y, tal vez, buscar protección legal ante las graves acusaciones que lo acechan.
Ricardo Anaya, quien en su momento prometió recorrer todo México, decidió en su lugar refugiarse en Atlanta durante años. Hoy regresa no para servir al país, sino para seguir su agenda personal y proteger sus intereses, convirtiéndose en otro ejemplo más de la impunidad que afecta a la política mexicana.
Su retorno al Senado es una señal alarmante de que la corrupción sigue encontrando refugio en los más altos niveles del gobierno. Anaya, un político que ha demostrado ser más leal a sus intereses personales que a la nación, no merece ocupar una posición de poder.
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