#Opinión | Jorge Montejo
En 2018, justo antes de que AMLO ganara las elecciones presidenciales, el gobierno priista de Hidalgo, bajo la administración de Omar Fayad, decidió llevar a cabo dos reformas al vapor que impactaron significativamente en la política y la educación del estado.
La primera reforma modificó la Ley Orgánica del Congreso de Hidalgo, quitándole a Morena el control del Congreso durante tres años de su mandato y dividiendo el gobierno del Congreso entre los tres partidos con mayor votación. Esta maniobra claramente buscaba limitar el poder y la influencia de la 4T en el estado, diluyendo su capacidad de gobernar con una mayoría sólida.
La segunda reforma afectó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), imponiendo un funcionario de gobierno como contralor de la universidad. Esta acción fue vista como una vulneración directa de la autonomía universitaria. Sin embargo, la UAEH llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ganó, reafirmando su autonomía y rechazando la intervención gubernamental.
Hoy en día, bajo la administración de Morena en Hidalgo, se comenta en las cloacas del gobierno que la nueva administración, siguiendo las estrategias de Fayad, prepara otra reforma a la Ley Orgánica de la UAEH con el objetivo de tomar el control de la universidad. Los intentos del ejecutivo para controlar la UAEH comenzaron en el sexenio de Fayad y continúan en el de Menchaca.
Lo anterior, porque la UAEH representa un contrapeso al poder del PRIMOR en Hidalgo, un gobierno que, a través del gatopardismo, ha desplazado a la izquierda para que las mismas familias de siempre conserven sus privilegios y así poder simular un cambio mientras las cabezas siguen siendo las mismas. Este constante intento de tomar control de la universidad se evidencia en varios frentes.
Uno de los intentos más notorios del ejecutivo fue el conflicto en el Instituto de Artes, donde los estudiantes buscaban mejores condiciones educativas, así como hacer valer su derecho a la libre manifestación de las ideas y el gobierno trató de politizar el problema para desestabilizar la universidad, dejando en riesgo la educación de decenas de alumnos. No obstante, los estudiantes obtuvieron una suspensión definitiva en un juicio de amparo que evitó el cierre del Instituto de Artes de la UAEH y los regresó a las aulas, demostrando que la educación prevalecía sobre las maniobras políticas.
Estos eventos demuestran que durante dos sexenios consecutivos, el gobierno de Hidalgo ha intentado apoderarse de la UAEH, utilizando diversas estrategias para debilitar su autonomía y controlarla. La resistencia de la UAEH y sus victorias legales subrayan la importancia de defender la autonomía universitaria y mantener las instituciones educativas libres de influencias y adoctrinamientos políticos indebidos.
