María Gil.
En febrero de 2017, una exempleada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló un hallazgo alarmante que puso en evidencia una red de corrupción dentro del organismo judicial. Según una investigación realizada por Jorge Covarrubias, casi cuatro millones de pesos en efectivo fueron encontrados en la cajuela de un automóvil oficial, un Sentra blanco, estacionado en las instalaciones del CJF en el Ajusco.
Rosa Suárez, quien notificó el incidente, informó a Rosa María Vizconde Ortuño, entonces Secretaria Ejecutiva de Administración del CJF, sobre la existencia de una bolsa con el dinero, supuestamente destinado a obras. El vehículo estaba asignado a Francisco Javier Pérez Maqueda, director de Inmuebles y Mantenimiento del CJF. Este escándalo, conocido como el “cajuelazo”, reveló una red de corrupción dentro del organismo, que incluso alcanzó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ese entonces, Luis María Aguilar Morales.
Durante la gestión de Aguilar Morales (2015-2019), se adjudicaron múltiples contratos de manera directa, sin licitación, para la construcción de centros de justicia penal y salas orales, por un valor estimado de más de 3 mil 118 millones de pesos. Pérez Maqueda, quien estaba en Tepic, Nayarit, supervisando una obra cuando se descubrió el dinero, alegó que le habían “sembrado” el efectivo como represalia por denunciar sobornos a funcionarios del CJF. Sin embargo, las investigaciones revelaron que un chofer confesó haber recibido instrucciones de la empresa Constructora del Norte para entregar el dinero a Pérez Maqueda.
Como resultado de estas investigaciones, Pérez Maqueda y otros cinco funcionarios fueron separados de sus cargos y se les impuso una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier puesto en la administración pública. Esta decisión fue ratificada por unanimidad en agosto de 2019. Además, se le aplicó una sanción económica de 3 millones 491 mil pesos, correspondientes al dinero encontrado.
Este caso subraya las sospechas de sobornos y corrupción dentro del CJF, destacando la compleja relación entre funcionarios y empresas favorecidas con contratos millonarios. La revelación del "cajuelazo" no solo expuso la corrupción en el corazón del sistema judicial mexicano, sino que también resaltó la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas del país.
