Alonso Quijano.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reafirmado su compromiso con la justicia ambiental al asegurar que el Caso Río Sonora, uno de los desastres ecológicos más significativos en la historia reciente de México, permanecerá como un expediente abierto hasta que se logre la reparación de los daños ocasionados por Grupo México, dirigido por Germán Larrea. Este caso, que se remonta a hace una década, sigue siendo un tema crítico para las comunidades afectadas y el entorno natural de la región.
En 2014, Grupo México vertió 40,000 metros cúbicos de una solución acidulada de sulfato de cobre (CuSO4) en el Arroyo Tinajas, ubicado en el Municipio de Cananea, Sonora. Este derrame no solo contaminó las aguas del afluente, sino que también tuvo un impacto devastador en la salud de miles de personas y animales que dependen de estos recursos hídricos. Durante un reciente pronunciamiento, el mandatario nacional enfatizó: “No habrá carpetazo”, refiriéndose a la necesidad de continuar con el seguimiento de este caso hasta que se logre una remediación efectiva.
López Obrador destacó que se está trabajando de manera permanente en este asunto y que se avanzará en los días venideros para asegurar que el expediente siga abierto. “Es muy importante que quede el expediente abierto, no hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación”, afirmó el jefe del Ejecutivo.
La problemática se agrava con la revelación de que existe una denuncia penal en contra de Grupo México, presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta acción se basa en la conclusión de que la empresa no ha logrado alcanzar los niveles de remediación ambiental necesarios. La situación se complicó aún más durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que firmó un convenio con Grupo México para “resolver” la crisis medioambiental, creando un Fideicomiso de 2 mil millones de pesos destinado a atender las afectaciones. Sin embargo, este fideicomiso fue extinguido en 2017, dejando muchas de las necesidades de las comunidades sin respuesta.
María Luisa Albores, titular de la Semarnat, destacó que, a pesar de que se destinaron recursos para la instalación de una planta potabilizadora de agua en Bacanuchi, esta solo operó durante dos años debido a la falta de recursos para su mantenimiento. Además, denunció que persisten altos niveles de contaminación en el suelo, aire y agua, a pesar de las afirmaciones anteriores de que se habían cumplido los programas de remediación.
Grupo México, por su parte, ha rechazado las nuevas propuestas de remediación y ha optado por impugnar las acciones de la Semarnat a través de un juicio de nulidad. Esta negativa ha generado un clima de incertidumbre en las comunidades afectadas, que siguen esperando respuestas y soluciones efectivas a una crisis que ha perdurado durante años.
El Caso Río Sonora es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad ambiental y la necesidad de que las empresas rindan cuentas por sus acciones. Con el compromiso del actual gobierno de no permitir el “carpetazo” en este expediente, se abre una nueva esperanza para las comunidades afectadas que claman por justicia y la restauración de su entorno. La lucha por la remediación y la protección del medio ambiente continúa, y el compromiso del Presidente López Obrador es un paso crucial hacia la sanación de este daño ecológico.
