Jorge Montejo
En un rincón de nuestro México Mágico, donde las leyes son más flexibles que un chicle en pleno verano, el Poder Judicial de Hidalgo se ha lucido una vez más con su última obra maestra: la nueva Ley Orgánica. Porque, claro, cuando se trata de legislar, nada grita más “eficiencia y transparencia” que dejar las cosas a la interpretación.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esa organización que se atreve a interrumpir la siesta de nuestros brillantes magistrados, ha promovido una acción de inconstitucionalidad. ¿Su queja? Algo tan insignificante como la falta de clasificación de las faltas administrativas según su gravedad. Pero, ¡por favor! ¿Quién necesita tal clasificación cuando todo es tan claro como el lodo después de una tormenta?
El Poder Judicial de Hidalgo, nos ha iluminado con su sabiduría ante los medios de comunicación. Según su presidenta, la CNDH, bajo la dirección de María del Rosario Piedra Ibarra, está completamente equivocada. Y es que, según Rebeca Aladro, la gravedad de las faltas está perfectamente plasmada… ¡en otra ley! Sí, no en la Ley Orgánica del Poder Judicial que estamos discutiendo, sino en la Ley de Responsabilidades. Porque, obviamente, es más divertido jugar a las adivinanzas legales. ¿Qué sigue? ¿Un mapa del tesoro para encontrar la justicia?
Pero aquí viene la mejor parte: resulta que esta ley, tan brillante y bien pensada, fue creada por los mismos magistrados que ahora ven cómo la CNDH se atreve a cuestionarla. ¡Qué descaro! Imaginen el ego golpeado de nuestros honorables magistrados al ver que su obra maestra, fruto de sus vastos conocimientos jurídicos, está siendo impugnada. ¿Cómo se atreven a dudar de la perfección de una ley nacida de las mismas mentes que después tendrán que aplicarla? Es casi como si no confiaran en la infalibilidad de sus creadores. ¡Qué ofensa!
Aladro, con la confianza de quien sabe que siempre habrá un tecnicismo para respaldar cualquier argumento, insiste en que la nueva ley “es correcta” y perfectamente alineada con los estándares del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, la ley es tan correcta que no se molesta en especificar cómo se castigarán las faltas administrativas de jueces y magistrados. Pero no se preocupen, queridos ciudadanos, porque esas pequeñeces están en otra ley, y si buscan bien, quizás las encuentren.
La CNDH, con su afán de confundir a la población, tuvo el atrevimiento de señalar que la omisión en la clasificación de las faltas administrativas es un problema. ¡Qué mal pensados! En Hidalgo, hacer las cosas ambiguas no es un error, es una tradición. ¿Cómo se atreve la CNDH a cuestionar la sabiduría de nuestros legisladores, quienes, en su infinita astucia, han decidido que la claridad es para los débiles?
Y no podemos olvidar el toque de genialidad del Congreso local, que ha decidido que los procedimientos relevantes para imponer sanciones sean establecidos en acuerdos del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura estatal, porque ¿quién necesita seguir la Constitución local o la legislación secundaria? ¡Eso es tan pasado de moda!
Al final del día, el gobernador nombra a los jueces y magistrados, y ellos, en un acto de nobleza, se aseguran de que la ley sea lo suficientemente vaga como para que no haya consecuencias. Es un círculo de confianza que solo refuerza la independencia judicial… o al menos la independencia de hacer lo que les plazca sin temer a esas molestas sanciones.
Así que, la próxima vez que escuchen hablar de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo, recuerden que en este estado, las leyes no están para ser claras o justas, sino para mantener viva la tradición de la ambigüedad. Porque en Hidalgo, como en todo buen cuento de hadas, las reglas son solo sugerencias y la justicia, un mito.
