Julio Gálvez
El Poder Judicial en México ha sido por décadas una entidad desvinculada del pueblo. Los jueces y magistrados, lejos de ser defensores imparciales de la justicia, se han consolidado como guardianes de un sistema que perpetúa privilegios y está marcado por el nepotismo. Este fenómeno no es nuevo, pero ha alcanzado nuevas dimensiones ante la reciente amenaza de una reforma judicial que busca democratizar el proceso de selección de jueces, permitiendo que estos sean electos directamente por la ciudadanía.
La propuesta de esta reforma, que pretende dotar de mayor legitimidad al Poder Judicial, ha provocado una respuesta feroz desde dentro de la propia estructura judicial. Temerosos de perder sus privilegios, altos funcionarios del Poder Judicial han orquestado un paro laboral indefinido, afectando de manera directa el derecho de acceso a la justicia de millones de ciudadanos. Este paro no solo representa una muestra del poder que estos funcionarios ejercen sobre el aparato judicial, sino también un acto de chantaje para evitar una transformación que podría acabar con el nepotismo que los sostiene.
La paralización de los tribunales tiene consecuencias graves para la nación. La ausencia de tribunales activos no solo implica una negación de justicia, sino que también constituye una violación directa a los derechos fundamentales de los ciudadanos. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes". Al estar los tribunales inactivos, este derecho queda en suspenso, generando un vacío legal que puede derivar en un caos social.
Frente a una situación tan crítica, el Congreso de la Unión cuenta con la facultad constitucional para actuar. Según el artículo 29 de la Constitución, el Congreso puede decretar un Estado de Emergencia Nacional y otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Federal. Este artículo establece que, "En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto", se puede decretar un estado de excepción, suspendiendo temporalmente derechos y otorgando al Presidente de la República la capacidad de tomar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de las instituciones fundamentales de la República.
En este contexto, una de las medidas que podría adoptar el Ejecutivo es el nombramiento provisional de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Esto, aunque extremo, sería una respuesta a la negación de justicia provocada por el paro laboral indefinido, y permitiría la restauración temporal de la función judicial hasta que la situación se normalice.
La posibilidad de que el Presidente de la República asuma un rol tan central en la designación de los más altos cargos del Poder Judicial, aunque provisional, plantea preguntas fundamentales sobre la independencia de este poder del Estado. Sin embargo, ante la negativa de la actual estructura judicial para aceptar una reforma que lo acerque al pueblo, y la consecuente violación del derecho de acceso a la justicia, esta medida se presenta como una posible solución a una crisis sin precedentes.
La lucha por la reforma judicial en México no es solo una batalla por el control de las instituciones, sino una pugna entre dos visiones: una que defiende un sistema opaco y elitista, y otra que busca abrir las puertas de la justicia a la participación democrática. En medio de esta encrucijada, el futuro del país depende de la capacidad del Estado para asegurar que la justicia no sea rehén de intereses particulares, sino un derecho efectivo para todos los mexicanos.
