Alonso Quijano.
En el contexto de la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial, varios juzgadores han manifestado su inquietud y descontento. Entre ellos, la magistrada Nadia Villanueva Vázquez ha destacado por sus declaraciones controvertidas y sin fundamentos sólidos. Durante su participación en el quinto foro de los "Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial", Villanueva Vázquez, quien también preside el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, lanzó acusaciones de corrupción contra los familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin presentar pruebas que respalden sus afirmaciones.
Villanueva Vázquez intentó justificar y minimizar los actos de corrupción dentro del Poder Judicial, afirmando que el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado tales conductas. No obstante, reconoció la existencia de corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial, señalando que estas prácticas también están presentes en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. En este contexto, volvió a acusar sin pruebas a los familiares del presidente López Obrador de estar involucrados en actos corruptos.
"Ha sido de dominio público, como [...] en el [Poder] Ejecutivo, familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos, no sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo," declaró Villanueva Vázquez.
Ante estas acusaciones, el diputado Fernández Noroña respondió a la magistrada, exhortándola a presentar las denuncias correspondientes sobre los casos de corrupción, subrayando que es una "grave omisión" especialmente porque se trata de una integrante del Poder Judicial. La reacción en redes sociales no se hizo esperar, con numerosos internautas exigiendo a la magistrada que deje de calumniar y que, si posee evidencia, presente las denuncias contra los familiares del presidente o que, de lo contrario, ofrezca una disculpa a López Obrador.
Este episodio pone de manifiesto las tensiones y desafíos que enfrenta el Poder Judicial en México en el contexto de la reforma propuesta, evidenciando la necesidad de un debate serio y fundamentado sobre las medidas necesarias para erradicar la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas del país.
