Alonso Quijano.
La reforma judicial es un tema crucial en el desarrollo de una democracia sólida y equitativa. Países como Estados Unidos y las naciones nórdicas europeas, que cuentan con sistemas judiciales robustos y niveles de impunidad notablemente bajos, han implementado mecanismos de elección popular para sus jueces. Este proceso participativo ha contribuido a la transparencia y la rendición de cuentas en sus sistemas judiciales, asegurando que los jueces sean responsables ante los ciudadanos a quienes sirven.
No obstante, la implementación de la elección popular de jueces no está exenta de desafíos, como lo demuestra el caso de Bolivia. En Bolivia, la introducción de campañas políticas para la elección de jueces resultó en un poder judicial capturado por intereses empresariales y del crimen organizado. Este error subraya la necesidad de establecer salvaguardias que eviten la politización y corrupción del sistema judicial.
En México, el inicio de foros para la reforma al Poder Judicial ha suscitado diversas opiniones. El gobernador Julio Menchaca ha enfatizado la necesidad de que los futuros jueces se sometan a un riguroso examen teórico-práctico antes de considerarse aptos para el cargo. Menchaca ha presentado dos iniciativas al Senado de la República: una sobre el método de elección de los jueces y otra sobre la concurrencia en el robo de hidrocarburo.
El mandatario estatal sostiene que, si bien la elección popular puede ser beneficiosa, no debe implementarse sin un proceso de selección previo que garantice la idoneidad de los candidatos. Menchaca propone la formación de un comité evaluador que certifique que los aspirantes cumplen con los requisitos constitucionales, poseen una buena fama pública, y demuestren su prestigio profesional a través de un examen público oral y teórico-práctico.
Esta propuesta busca asegurar que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean seleccionados no solo por su popularidad, sino también por su competencia y ética profesional. Implementar un procedimiento de selección riguroso previo a una elección popular puede ayudar a prevenir los errores observados en Bolivia, garantizando así un sistema judicial más justo y confiable.
En resumen, la reforma judicial en México debe aprender de las experiencias internacionales, adoptando mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que se evitan los riesgos de politización y corrupción. Solo así se podrá fortalecer el Estado de Derecho y asegurar una justicia efectiva para todos los ciudadanos.
