Julio Gálvez.
En Hidalgo, la falta de universidades serias y una economía que depende en gran medida de los empleos gubernamentales, debido a la ausencia de empresas privadas, ha creado un entorno donde el gobierno busca controlar el gremio de abogados. Esto es particularmente preocupante en el ámbito del derecho constitucional y el amparo, donde los abogados se enfrentan directamente al estado. El juicio de amparo es, por excelencia, un proceso donde se desafía al poder, y precisamente por eso el estado pretende tener bajo control a los profesionales que practican esta área del derecho.
El gobierno busca aprovechar la coyuntura actual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., una situación agravada por la supuesta cercanía entre la presidenta de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados y el Secretario de Gobierno, Olivares Reyna. Además, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Hidalgo A.C., siguiendo la línea de Eguiluz Tapia y su esposo Juan Batres, intenta congraciarse con el gobierno actual, recordando que ambos tienen vínculos con Omar Fayad (ídolo en la actual administración de Morena).
La lucha por el control del gremio no solo es un problema local, sino que también involucra a la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., que obstaculiza los esfuerzos de la Barra de Hidalgo, exigiendo que se afilien como “capítulo” en lugar de mantener su autonomía por la falta de pago de las cuotas anuales y la politización de la organización. Esta es una clara muestra de la lucha de poderes internos y el aprovechamiento político coyuntural que está viviendo Hidalgo.
La dependencia del gobierno en la economía de Hidalgo y la falta de alternativas laborales fuera del sector público significan que aquellos que podrían enfrentarse al estado optan por no hacerlo, perpetuando así el control gubernamental sobre el gremio de abogados. Este control no solo limita la independencia profesional de los abogados, sino que también socava la justicia en el estado, especialmente en casos donde el estado es parte interesada.
Además, el gobierno busca controlar el sector de justicia para poder influir en jueces y magistrados en asuntos que le resultan incómodos. Al tener bajo su dominio a los abogados y, por ende, al sistema judicial, el gobierno puede asegurar que las decisiones judiciales favorezcan sus intereses, eliminando cualquier posibilidad de oposición o desafío legal efectivo. Este tipo de manipulación es una amenaza directa a la imparcialidad y la integridad del sistema judicial.
La situación actual no deja lugar a dudas de que se trata de un intento deliberado de cooptar el gremio de abogados para asegurarse de que el estado no sea desafiado. En lugar de fomentar un entorno donde los abogados puedan operar con independencia y defender los derechos de sus clientes sin temor a represalias, el gobierno busca consolidar su control y limitar cualquier oposición.
Es crucial que la comunidad jurídica y la sociedad en general se mantengan vigilantes ante estos intentos de politización y control. Solo a través de la independencia y la integridad del gremio de abogados se puede asegurar que la justicia prevalezca y que los derechos de los ciudadanos sean protegidos contra cualquier abuso de poder.
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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es apartidista, Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional, maestría en Ciencias Jurídicas y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.
Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico a través del tema activismo judicial fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la teenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial”, Editorial Porrúa, presidida por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el doctor Fernado Silva García. Actualmente es Director General del Semanario Nuevo Gráfico y Director General del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), así como activista, consultor y asesor.
