Jorge Montejo.
En una revelación impactante, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, anunció que desde 2021 se está llevando a cabo una investigación contra el consorcio empresarial Latinus por delitos de lavado de dinero y actos de corrupción. La investigación, que se inició a raíz de alertas emitidas por bancos mexicanos debido a movimientos financieros inusuales, ha expuesto un esquema complejo de defraudación.
Según Gómez, la UIF, mediante inteligencia financiera, descubrió triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman Latinus. Entre los hallazgos más alarmantes, se encuentra la participación del gobierno de Hidalgo desde 2018, durante la administración de Omar Fayad, que otorgó contratos millonarios a dos empresas del consorcio para servicios de salud. Estos fondos, originalmente destinados a la compra de medicinas y otros servicios de salud, fueron desviados para otros fines dentro del grupo empresarial.
Desde 2019, Latinus ha recibido fondos públicos no solo del gobierno de Hidalgo, sino también de los gobiernos estatales del Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. La suma total de estos recursos asciende a dos mil 437 millones 285 mil 272 pesos con 96 centavos, distribuidos entre 2019 y 2024. La UIF presentó una tabla detallada que muestra el desvío de estos fondos públicos, que fueron utilizados para pagar a accionistas y periodistas dentro del consorcio.
La indignación no se hizo esperar tras las revelaciones. Usuarios de redes sociales reaccionaron con furia al conocer que los recursos públicos destinados a la salud fueron malversados. Comentarios como "es un cochinero" y acusaciones contra el consorcio por su constitución en Delaware, conocido como un refugio para empresas fantasma, dominaron la conversación en línea.
La denuncia presentada por la UIF no solo destaca el impacto financiero, sino también el grave daño a la confianza pública y al sistema de salud, especialmente en un contexto donde estos recursos son cruciales. Este caso subraya la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en el manejo de fondos públicos, así como de una rendición de cuentas efectiva para aquellos que abusan de su posición para lucro personal.
La investigación sigue en curso y se espera que se tomen medidas judiciales contra los responsables. Mientras tanto, la sociedad exige justicia y un uso adecuado de los recursos públicos para el bienestar de todos.
El gobierno de Hidalgo ha sido señalado repetidamente por su práctica recurrente de otorgar contratos a medios "chayoteros", aquellos que reciben fondos públicos a cambio de cobertura favorable o para silenciar críticas. Esta estrategia no solo compromete la transparencia y la ética gubernamental, sino que también desvía recursos cruciales que deberían destinarse a servicios esenciales, como la salud, hacia intereses privados y corruptos. La reciente investigación que vincula al consorcio Latinus con la malversación de fondos destinados a medicinas es un claro ejemplo de cómo estas prácticas dañinas continúan afectando al estado y su población.
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Omar Fayad fue premiado con una embajada mientras en Hidalgo le pagaba a Latinus para golpear a AMLO.
