Ricardo Montoya
05/06/24
Hace dos meses, la comunidad de Pueblo Nuevo recibió una noticia que marcó un hito en su lucha por la justicia. El juez tercero de distrito en Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez, ordenó la suspensión definitiva de los trabajos en dos tramos de la nueva carretera federal Pachuca-Huejutla. La orden se emitió tras la solicitud de amparo de la Sociedad Real Zumate, propietaria del terreno afectado, que demostró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) había iniciado la construcción sin pagar la indemnización correspondiente.
Julio Gálvez, abogado de la comunidad y director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), ha dejado claro que la comunidad no se opone al desarrollo de la carretera, reconociendo el progreso que este proyecto traerá a la región. Sin embargo, insiste que aunque sea de interés público la construcción de la autopista, este avance no debe ocurrir a costa de los derechos humanos de una comunidad marginada, a la cual para salir de su marginación le dotaron tierras.
Los habitantes de Pueblo Nuevo poseen la tierra de "Bosques de Pueblo Nuevo" gracias a un decreto presidencial del 15 de septiembre de 1924, que les otorgó estas tierras para su desarrollo bajo un régimen comunal. Este decreto estipula que las tierras pertenecen a la comunidad hasta que se decida su repartición entre los habitantes de la ranchería.
Hace dos meses, la comunidad de Pueblo Nuevo recibió una noticia que marcó un hito en su lucha por la justicia. El juez tercero de distrito en Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez, ordenó la suspensión definitiva de los trabajos en dos tramos de la nueva carretera federal Pachuca-Huejutla. La orden se emitió tras la solicitud de amparo de la Sociedad Real Zumate, propietaria del terreno afectado, que demostró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) había iniciado la construcción sin pagar la indemnización correspondiente.
Julio Gálvez, abogado de la comunidad y director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), ha dejado claro que la comunidad no se opone al desarrollo de la carretera, reconociendo el progreso que este proyecto traerá a la región. Sin embargo, insiste que aunque sea de interés público la construcción de la autopista, este avance no debe ocurrir a costa de los derechos humanos de una comunidad marginada, a la cual para salir de su marginación le dotaron tierras.
Los habitantes de Pueblo Nuevo poseen la tierra de "Bosques de Pueblo Nuevo" gracias a un decreto presidencial del 15 de septiembre de 1924, que les otorgó estas tierras para su desarrollo bajo un régimen comunal. Este decreto estipula que las tierras pertenecen a la comunidad hasta que se decida su repartición entre los habitantes de la ranchería.
A lo largo de los años, los pobladores de Pueblo Nuevo han enfrentado repetidas invasiones de sus tierras. Políticos y empresarios han construido cabañas, centros de recreación, hoteles, restaurantes y comercios que explotan los recursos naturales de la región. Estas construcciones se han realizado basándose en compraventas que, según Gálvez, tienen origen en jurisdicciones voluntarias sin valor legal frente al decreto presidencial de 1924.
"Estas jurisdicciones voluntarias, propiedades de políticos, carecen de valor ante un decreto presidencial de 1924", afirma Gálvez. "Por lo tanto, los quejosos deben ser indemnizados por la construcción de la carretera Pachuca-Huejutla, en su tramo Real del Monte - Huasca, no los potentados que primero se apropiaron de las tierras de la gente y luego sacaron provecho de las indemnizaciones".
La suspensión de los trabajos en la carretera representa una victoria temporal para la comunidad de Pueblo Nuevo, que sigue luchando por el reconocimiento y respeto de sus derechos. La resolución del juez Aguilar Pérez pone en evidencia la necesidad de que el desarrollo y el progreso se lleven a cabo con justicia y equidad, respetando siempre los derechos de las comunidades que históricamente han sido marginadas y despojadas de sus tierras. La lucha por la indemnización y la legalidad continúa, y con ella, la esperanza de que se haga justicia para los habitantes de Pueblo Nuevo, con la sentencia dentro del juicio.
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Se hace la cordial invitación para la conferencia de 6 de junio de 2024, a las 11 horas, en el Centro de Investigaciones Sociales. Da click en la imagen 👇
