Alonso Quijano.
Un tribunal ha fallado nuevamente en contra de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, confirmando que la empresa debe un adeudo de 24,000 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este monto ha sido actualizado por la inflación.
El 13 de junio, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo solicitado por Grupo Elektra, resolviendo a favor del SAT. La decisión establece que la empresa tiene la obligación de pagar el adeudo correspondiente al Impuesto sobre la Renta (ISR), que asciende aproximadamente a 24,000 millones de pesos.
Este fallo se suma a una serie de resoluciones judiciales que han ratificado las obligaciones fiscales de Grupo Elektra, subrayando la importancia del cumplimiento de las normativas tributarias en México. Con esta decisión, el SAT reafirma su postura en la recaudación de impuestos adeudados y refuerza su compromiso con la justicia fiscal en el país.
El 13 de junio, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo solicitado por Grupo Elektra, resolviendo a favor del SAT. La decisión establece que la empresa tiene la obligación de pagar el adeudo correspondiente al Impuesto sobre la Renta (ISR), que asciende aproximadamente a 24,000 millones de pesos.
Este fallo se suma a una serie de resoluciones judiciales que han ratificado las obligaciones fiscales de Grupo Elektra, subrayando la importancia del cumplimiento de las normativas tributarias en México. Con esta decisión, el SAT reafirma su postura en la recaudación de impuestos adeudados y refuerza su compromiso con la justicia fiscal en el país.
Grupo Elektra, por su parte, no ha emitido una declaración oficial sobre esta resolución reciente. La empresa enfrenta una presión creciente para cumplir con sus obligaciones fiscales, un tema que ha captado la atención pública y ha puesto de relieve las disputas legales en torno a la recaudación de impuestos en grandes corporaciones mexicanas.
Esta resolución marca un paso significativo en la batalla legal entre Grupo Elektra y el SAT, y destaca el papel crucial de los tribunales en la interpretación y aplicación de las leyes fiscales.
