Julio Gálvez
Con la reciente reforma legislativa que asegura que Morena tendrá la junta de gobierno del congreso local durante los próximos tres años, se abre una oportunidad sin precedentes para avanzar con iniciativas progresistas en favor del estado. Una de las iniciativas más destacadas es la reforma al Poder Judicial, donde se ha propuesto que los jueces sean electos por voto popular. Este cambio promete transformar profundamente la administración de justicia en Hidalgo.
Por medio del presente artículo examinaremos las implicaciones de esta reforma, la importancia de establecer una Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia según Eduardo Ferrer Mac Gregor, y la introducción de jueces de proximidad para mejorar el acceso a la justicia en comunidades remotas. También analizaremos cómo la elección popular de jueces y magistrados mediante campañas políticas podría impactar el sistema judicial mexicano, considerando experiencias internacionales.
Eduardo Ferrer Mac Gregor, destacado jurista mexicano y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha argumentado insistentemente sobre la necesidad de fortalecer el control de constitucionalidad en los estados. Según su doctrina, la creación de una Sala Constitucional en el Poder Judicial de Hidalgo sería fundamental para garantizar que los actos estatales y municipales, así como las normas del congreso local, no vulneren la constitución local ni los derechos humanos. Una Sala Constitucional podría actuar como un guardián de la constitucionalidad local, supervisando y revisando las decisiones de los poderes municipales, legislativo y ejecutivo locales. Esto no solo fortalecería la defensa de los derechos humanos a nivel estatal, sino que también aseguraría que todas las normativas y acciones gubernamentales estén alineadas con los principios constitucionales, a través de un control previo.
Por medio del presente artículo examinaremos las implicaciones de esta reforma, la importancia de establecer una Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia según Eduardo Ferrer Mac Gregor, y la introducción de jueces de proximidad para mejorar el acceso a la justicia en comunidades remotas. También analizaremos cómo la elección popular de jueces y magistrados mediante campañas políticas podría impactar el sistema judicial mexicano, considerando experiencias internacionales.
Eduardo Ferrer Mac Gregor, destacado jurista mexicano y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha argumentado insistentemente sobre la necesidad de fortalecer el control de constitucionalidad en los estados. Según su doctrina, la creación de una Sala Constitucional en el Poder Judicial de Hidalgo sería fundamental para garantizar que los actos estatales y municipales, así como las normas del congreso local, no vulneren la constitución local ni los derechos humanos. Una Sala Constitucional podría actuar como un guardián de la constitucionalidad local, supervisando y revisando las decisiones de los poderes municipales, legislativo y ejecutivo locales. Esto no solo fortalecería la defensa de los derechos humanos a nivel estatal, sino que también aseguraría que todas las normativas y acciones gubernamentales estén alineadas con los principios constitucionales, a través de un control previo.
La creación de una Sala Constitucional en Hidalgo también sería crucial para la emisión de amparos locales en materia de derechos humanos, cuyas resoluciones serían obligatorias y vinculatorias. Esto contrastaría con las meras recomendaciones emitidas por la comisión de derechos humanos, proporcionando una herramienta legal efectiva y vinculante para proteger los derechos de los ciudadanos. Al contar con una Sala Constitucional que pueda emitir resoluciones definitivas, se garantizaría una mayor protección y respeto por los derechos humanos, fortaleciendo el estado de derecho y brindando a los ciudadanos un mecanismo eficaz para defender sus libertades y garantías constitucionales.
Una propuesta innovadora en la reforma judicial de Hidalgo podría ser la creación de jueces de proximidad. Estos jueces serían habilitados por el Poder Judicial para llevar la justicia directamente a las comunidades donde no se pueden construir tribunales. Operarían con un secretario y un actuario, administrando justicia de forma itinerante sin necesidad de un recinto judicial formal. Facilitaría que las comunidades más remotas y marginadas tengan acceso a la justicia, reduciría los tiempos de respuesta en la resolución de conflictos locales y fortalecería la confianza de la comunidad en el sistema judicial al tener una figura de autoridad judicial cercana y accesible.
La elección popular de jueces ha sido un tema controversial y debatido en varios países. En los Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados eligen a sus jueces mediante voto popular, lo cual se argumenta que aumenta la responsabilidad y la transparencia. Sin embargo, también presenta desafíos significativos, como la politización del sistema judicial. En Suiza, se utiliza un modelo híbrido donde algunos jueces son electos por votación y otros son nombrados, combinando así la legitimidad democrática con la experiencia técnica. En Bolivia, la elección popular de jueces ha revelado desafíos, como la dificultad de garantizar la independencia judicial, la meritocracia y la infiltración de la delincuencia organizada en las campañas de los jueces.
Para México, y en particular para Hidalgo, se sugiere considerar un sistema híbrido que combine elementos de la carrera judicial con la elección democrática de jueces. El Consejo de la Judicatura podría transformarse en un órgano disciplinario independiente para asegurar legitimidad democrática y experiencia técnica. Este sistema incluiría un ingreso meritocrático basado en exámenes y evaluaciones rigurosas, con la participación de las barras y colegios de abogados. Además, se realizarían evaluaciones constantes del desempeño de los jueces para asegurar calidad y justicia efectiva. Los periodos de funciones de las autoridades judiciales se extenderían a al menos 12 años o hasta la edad de jubilación para garantizar estabilidad y continuidad, y el Consejo de la Judicatura sería responsable de la preselección de candidatos para asegurar que solo los más calificados sean considerados para la elección popular.
La elección popular de jueces en México podría traer varios beneficios significativos. Los jueces electos por voto popular tendrían un mandato directo del pueblo, lo que aumentaría la confianza pública en el sistema judicial. La elección popular puede fomentar una mayor responsabilidad y transparencia, ya que los jueces deben rendir cuentas directamente a la ciudadanía. Además, al tener jueces que reflejen la voluntad popular, se podría reducir la impunidad al asegurar que las decisiones judiciales sean más representativas de las demandas sociales de justicia. No obstante, también existen desafíos que deben ser considerados. Existe el riesgo de que el proceso electoral politice el sistema judicial, comprometiendo la imparcialidad y la independencia de los jueces. Se debe asegurar que los jueces electos por voto popular cuenten con las competencias y la integridad necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
La reforma judicial en Hidalgo, impulsada por la elección popular de jueces y la creación de figuras como los jueces de proximidad, representa un paso audaz hacia un sistema judicial más accesible, transparente y democrático. Aprendiendo de las experiencias internacionales y adaptando un modelo híbrido, México puede fortalecer su sistema judicial y avanzar hacia una justicia más equitativa y confiable. La integración de una Sala Constitucional, conforme a la doctrina de Eduardo Ferrer Mac Gregor, y la innovación en la estructura judicial son claves para lograr un cambio sustancial que responda a las necesidades y demandas de la sociedad hidalguense y mexicana en general.
Una propuesta innovadora en la reforma judicial de Hidalgo podría ser la creación de jueces de proximidad. Estos jueces serían habilitados por el Poder Judicial para llevar la justicia directamente a las comunidades donde no se pueden construir tribunales. Operarían con un secretario y un actuario, administrando justicia de forma itinerante sin necesidad de un recinto judicial formal. Facilitaría que las comunidades más remotas y marginadas tengan acceso a la justicia, reduciría los tiempos de respuesta en la resolución de conflictos locales y fortalecería la confianza de la comunidad en el sistema judicial al tener una figura de autoridad judicial cercana y accesible.
La elección popular de jueces ha sido un tema controversial y debatido en varios países. En los Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados eligen a sus jueces mediante voto popular, lo cual se argumenta que aumenta la responsabilidad y la transparencia. Sin embargo, también presenta desafíos significativos, como la politización del sistema judicial. En Suiza, se utiliza un modelo híbrido donde algunos jueces son electos por votación y otros son nombrados, combinando así la legitimidad democrática con la experiencia técnica. En Bolivia, la elección popular de jueces ha revelado desafíos, como la dificultad de garantizar la independencia judicial, la meritocracia y la infiltración de la delincuencia organizada en las campañas de los jueces.
Para México, y en particular para Hidalgo, se sugiere considerar un sistema híbrido que combine elementos de la carrera judicial con la elección democrática de jueces. El Consejo de la Judicatura podría transformarse en un órgano disciplinario independiente para asegurar legitimidad democrática y experiencia técnica. Este sistema incluiría un ingreso meritocrático basado en exámenes y evaluaciones rigurosas, con la participación de las barras y colegios de abogados. Además, se realizarían evaluaciones constantes del desempeño de los jueces para asegurar calidad y justicia efectiva. Los periodos de funciones de las autoridades judiciales se extenderían a al menos 12 años o hasta la edad de jubilación para garantizar estabilidad y continuidad, y el Consejo de la Judicatura sería responsable de la preselección de candidatos para asegurar que solo los más calificados sean considerados para la elección popular.
La elección popular de jueces en México podría traer varios beneficios significativos. Los jueces electos por voto popular tendrían un mandato directo del pueblo, lo que aumentaría la confianza pública en el sistema judicial. La elección popular puede fomentar una mayor responsabilidad y transparencia, ya que los jueces deben rendir cuentas directamente a la ciudadanía. Además, al tener jueces que reflejen la voluntad popular, se podría reducir la impunidad al asegurar que las decisiones judiciales sean más representativas de las demandas sociales de justicia. No obstante, también existen desafíos que deben ser considerados. Existe el riesgo de que el proceso electoral politice el sistema judicial, comprometiendo la imparcialidad y la independencia de los jueces. Se debe asegurar que los jueces electos por voto popular cuenten con las competencias y la integridad necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
La reforma judicial en Hidalgo, impulsada por la elección popular de jueces y la creación de figuras como los jueces de proximidad, representa un paso audaz hacia un sistema judicial más accesible, transparente y democrático. Aprendiendo de las experiencias internacionales y adaptando un modelo híbrido, México puede fortalecer su sistema judicial y avanzar hacia una justicia más equitativa y confiable. La integración de una Sala Constitucional, conforme a la doctrina de Eduardo Ferrer Mac Gregor, y la innovación en la estructura judicial son claves para lograr un cambio sustancial que responda a las necesidades y demandas de la sociedad hidalguense y mexicana en general.
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Foto: Ricardo Crespo junto a Monreal, ya que jugará un papel importante en la siguiente etapa del gobierno de Menchaca dentro del Congreso Federal.
